El-Sistema-penitenciario-salvadoreño-y-sus-prisiones

xivIntroducción
ciudadana por soluciones inmediatas y a la tendencia punitivista que ha predominado entre
los operadores del sistema penitenciario y de justicia.
En la actualidad, El Salvador exhibe las cifras de privados de libertad más altas de
su historia y una de las mayores tasas de prisionalizacion de las Américas y del mundo.
Entre 2005 y 2015, la población penitenciaria pasó de 12 000 a 31 000 internos, lo que
representa un incremento superior al 150 % en los últimos 15 años, esto sin considerar
los más de 5000 detenidos en bartolinas policiales. En el último quinquenio, la población
privada de libertad superó en más de 20 000 internos su capacidad instalada, lo que da una
idea de los alarmantes niveles de hacinamiento penitenciario que tiene el país. Pero esta
tendencia a aumentar el encierro de personas señaladas de cometer un delito, que se dirige
principalmente contra grupos vulnerables y que ha prevalecido en el país durante las últimas
dos décadas, no parece haber disuadido a la criminalidad en el país. En la última década, las
tasas de homicidios y la incidencia de delitos como la extorsión, los robos y las violaciones
sexuales han crecido considerablemente. Entre 2003 y 2014 la tasa de homicidios se duplicó
al pasar de 36 a 62 por cada cien mil habitantes. Las proyecciones del índice de homicidios al
cierre de 2015 no son nada alentadoras, en tanto la espiral de asesinatos ha tenido un notable
incremento. Esto podría llevar a El Salvador a exhibir una tasa superior a las 100 muertes
por cada cien mil habitantes, es decir, la más elevada a nivel global. A la luz de estos datos,
es pertinente preguntarnos: ¿El aumento de personas privadas de libertad ha reducido la
incidencia delincuencial en el país?, ¿el endurecimiento de leyes y el incremento de penas,
que ha derivado en los altos niveles de encarcelamiento ha tenido un efecto disuasivo entre
los delincuentes? La evidencia empírica nos dice que no.
Bajo las condiciones actuales de hacinamiento y sobrepoblación, las inhumanas
condiciones de habitabilidad y la violación de derechos humanos fundamentales que
enfrenta la gran mayoría de población privada de libertad, la cárcel opera en dirección
contraria al mandato resocializador que establece la Constitución y la Ley Penitenciaria. La
deshumanización y despersonalización que produce en las personas la sobrevivencia bajo
tales condiciones durante años e incluso décadas, limita severamente las posibilidades de
integrarse a la vida en sociedad, y en muchos casos, termina favoreciendo su socialización
criminal. La falta de separación de internos en virtud de los criterios que establece la Ley
Penitenciaria, la segregación por pandillas promovida por el propio sistema penitenciario
desde hace casi dos décadas, la presencia de complejas y extensas redes de corrupción y
criminalidad organizada que se han gestado a la sombra del propio sistema penitenciario, han
favorecido el surgimiento de dinámicas y complejos procesos de criminalización que animan
y conminan a los internos a continuar delinquiendo, incluso con delitos más graves, bajo la
tutela del Estado.
En el caso de las pandillas, el cumplimiento de largas condenas, en situación de elevada
precariedad, abandono y un limitado control externo, bajo un esquema de segregación
institucional en virtud de sus identidades pandilleras, ha favorecido su organización criminal
y le ha otorgado a las pandillas un sentido de lucha que va más allá de la mera defensa de sus