El-Sistema-penitenciario-salvadoreño-y-sus-prisiones

160
El sistema penitenciario salvadoreño y sus prisiones
Aumentar la asignación presupuestaria para mejorar la infraestructura física, la
provisión de servicios básicos e incrementar el personal de los equipos técnicos, en
aquellos centros penitenciarios que presentan los mayores niveles de población y
albergan personas con mayores niveles de vulnerabilidad como las mujeres, adultos
mayores y personas con trastornos psiquiátricos. Al respecto, particular atención
merecen las condiciones actuales del Centro de Readaptación de Mujeres de Ilopango y el
Pabellón de Resguardo Psiquiátrico, cuyos internos e internas requieren no solo mejores
condiciones de habitabilidad, sino un mayor acompañamiento y supervisión de equipos
técnicos y especialistas.
Aumentar la capacidad instalada de las cárceles para reducir los elevados
niveles de hacinamiento y contar con mejores condiciones físicas para desarrollar
los programas de rehabilitación. Para ello, se propone por un lado, continuar con la
ampliación o habilitación de nuevos cupos en los penales donde existe la disponibilidad de
espacio físico, así como considerar en la construcción de nuevos penales, diseños verticales,
con bajo impacto medioambiental y adaptado a las necesidades de la población penitenciaria
y a los requerimientos de espacios requeridos para implementar los programas, talleres,
atender visitas y realizar actividades recreativas y deportivas.
• A la vez y en vista de la proyección de crecimiento de la población penitenciaria, es
importante vislumbrar soluciones sostenibles a las crecientes demandas de plazas
del sistema penitenciario, mediante la asignación a la DGCP de bienes inmuebles
estatales que se encuentren subutilizados y que de acuerdo a un análisis previo,
reúnan las condiciones para ser utilizadas como recintos carcelarios, como es el caso
de algunas guarniciones militares que son utilizadas actualmente como bodegas o
para actividades irrelevantes para el Estado.
• La realización de un inventario de estos bienes inmuebles estatales y su transferencia
a entidades como la DGCP, permitiría resolver en parte, el déficit de infraestructura
que enfrenta el sistema penitenciario y asegurar un importante ahorro de fondos
al Estado. Es importante considerar la clausura de algunos penales que funcionan
en edificaciones antiguas declaradas patrimonio histórico, que no permiten
modificaciones estructurales, pero que además representan, por su antigüedad y
condiciones de deterioro, un riesgo para la integridad y seguridad de los internos, del
personal penitenciario y la sociedad en general ante la posibilidad de fugas.
Implementar planes y estrategias de clasificación, separación y traslado de los
internos con base a los criterios técnicos que establece la ley, que permita un mejor
control de los internos, garantizar su seguridad y favorezca su evolución en el régimen
progresivo. La creación y actualización del Sistema de Información Penitenciaria (SIPE) ha
permitido al país contar con información estadística confiable sobre las características de los
internos y la evolución diaria de la población penitenciaria, por lo que se convierte en una
herramienta clave para orientar el reordenamiento de la población privada de libertad, en