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El sistema penitenciario salvadoreño y sus prisiones
señalar que la atención en salud que se ofrezca a la población privada de libertad
debe equipararse en nivel y calidad a la ofrecida fuera de los recintos carcelarios,
tal como lo contemplan los “Principios de ética médica aplicables a la función del
personal de salud, en la protección de personas presas y detenidas contra la tortura
y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
Garantizar un servicio de alimentación adecuada, de calidad, en horarios fijos y
con utensilios idóneos para su distribución que garantice el respeto de la dignidad de
las personas privadas de libertad. Es indispensable retomar los parámetros de las Reglas
mínimas para el tratamiento de los reclusos, que permitan el mejoramiento del derecho
de la población privada de libertad a una alimentación digna. En la mayoría de los centros
penales se suministran los alimentos en recipientes improvisados por los propios internos,
ya que la empresa que presta dicho servicio no los proporciona. En tal sentido se sugiere
que, al igual que los centros penales de Zacatecoluca e Ilopango, la empresa que ofrezca el
servicio de alimentación proporcione a los internos los utensilios básicos para recibirla.
• De igual forma, se vuelve trascendental que se generen auditorias que fiscalicen la
calidad de los productos alimenticios que se ofrece a la población reclusa, con el
ánimo de evitar intoxicaciones masivas, producto del mal estado de los alimentos.
Es fundamental además que las autoridades de la DGCP garanticen un riguroso
control en la distribución de los alimentos y de la cadena de seguridad que la empresa
utiliza, debido al historial de incidentes de tráfico de objetos ilícitos en los que
se ha utilizado la alimentación de la población privada de libertad. Al respecto, es
importante replantear los términos contractuales bajo los cuales se ofrece la prestación
de tales servicios, en lo relativo a estándares de calidad, eficiencia y transparencia,
así como de las sanciones a las que estarán sujetas todas las empresas que se vean
involucradas tanto en la introducción de ilícitos, como en la disminución de la
calidad del servicio.