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La demanda del sistema de justicia 151
En los últimos 6 años, en promedio el DPLA ha dado seguimiento a 566 personas
bajo Libertad Condicional; a 2229 casos en los que se concedió la Suspensión Condicional
de la Ejecución de la Pena; y a 73 casos de Libertad Condicional Anticipada, anualmente.
Estos datos reflejan las dificultades, que se han señalado en capítulos anteriores, para que las
personas privadas de libertad puedan acceder a algún tipo de estos beneficios penitenciarios.
El DPLA, como ente contralor del cumplimiento de la pena fuera de prisión, se encarga
de la verificación de las jornadas de trabajo que realizan las personas favorecidas con estos
beneficios (Iudop, 2014); por lo que deben supervisar a las instituciones públicas, privadas,
y sin fines de lucro donde los condenados realizan las tareas de utilidad pública.
El actual sistema informático del DPLA no puede proveer información estadística
desagregada por sexo y edades, por lo que no pueden determinarse las características de las
personas que vigila dicha entidad. A ello se suman falencias señaladas en estudios anteriores:
“las funciones que desarrolla el [DPLA] para verificar [el] cumplimiento de estas medidas
son desestructuradas y sin proyecciones de mejora”; además de una “limitada capacidad
de control y seguimiento de los beneficiarios de los programas, debido a la escasez del
personal” (Iudop, 2014, pág. 141). Esta entidad se negó a conceder la entrevista solicitada
en el marco de este estudio, lo que limitó un análisis más completo de su rol dentro del
sistema de justicia.