El-Sistema-penitenciario-salvadoreño-y-sus-prisiones

Consideraciones generales y recomendaciones 159
atiendan los factores asociados a la violencia social y delincuencial de forma estructural,
con la implementación de acciones que proporcionen una mejora de las condiciones de
vida de la población más empobrecida y ofrezcan alternativas de inclusión social, a fin de
reducir los riesgos de que muchos pasen a integrarse a las economías ilegales. Al respecto, es
Estado debe atender las necesidades más elementales que sufre la población, como la falta
de alimentación, salud, vivienda, educación y trabajo. De no impulsarse medidas integrales
que contengan el flujo de ingreso de personas a la cárcel, en el que converjan políticas
sociales, económicas y judiciales, el sistema penitenciario colapsará en el corto plazo.
7.2. Recomendaciones
En las últimas décadas, organismos internacionales como el Instituto Latinoamericano de
las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud),
han formulado diversas propuestas para el abordaje integral de la situación penitenciaria
tanto en materia de adultos como en materia de jóvenes en conflicto con la ley, en la región
centroamericana. Pese a lo anterior, la práctica política, legislativa y judicial en el país, ha
dejado a un lado no solo las recomendaciones técnicas de estas entidades, sino también se ha
trasgredido el espíritu de los diversos cuerpos normativos que regulan esta materia, a través
de reformas que han reforzado y legalizado una perspectiva autoritaria y represiva entre los
operadores del sistema de justicia.
A continuación se presentan algunas recomendaciones que, en virtud de los hallazgos
más relevantes obtenidos en este estudio, se consideran pertinentes para poder avanzar en la
materialización de los objetivos propuestos en la política penitenciaria y en la humanización
de la pena privativa de libertad.
Realizar un estudio de la asignación presupuestaria de la DGCP y de la
distribución del gasto realizado en los últimos años, que permita una formulación
presupuestaria acorde a las prioridades y programas contemplados en la Política
Penitenciaria y a las proyecciones anuales de crecimiento de la población privada de
libertad. Esta medida permitiría una distribución más eficiente de los recursos financieros
para el fortalecimiento de la infraestructura penitenciaria, la ampliación de la capacidad
instalada de los centros penitenciarios, la mejora de las condiciones de habitabilidad y la
contratación y capacitación del personal penitenciario y equipos técnicos criminológicos. Es
fundamental que en la composición del gasto anual de la DGCP se designe al menos el 30
% del presupuesto global a la ampliación de programas reeducativos y de formación para el
empleo, así como a la ampliación de las iniciativas de emprendedurismo y de fomento del
empleo que impulsa la unidad de producción penitenciaria. La ampliación de programas y
talleres de formación laboral y el mayor desarrollo de la industria penitenciaria, dotarán a los
privados de libertad de competencias que favorezcan su inserción laboral durante su vida
en libertad, además de permitirles generar ingresos durante la ejecución de su condena para
subsanar gastos personales y familiares; así como para pagar el monto que en concepto de
responsabilidad civil ha estipulado el juez.