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El sistema penitenciario salvadoreño y sus prisiones
La adopción de políticas que favorecen el uso discriminado de la cárcel y limitan la
aplicación de medidas alternas ha provocado una importante desproporción entre la
cantidad de ingresos y egresos de personas al sistema penitenciario, situación que mantiene
en permanente saturación al sistema carcelario. El continuo ingreso de personas al sistema,
principalmente pandilleros, se ha agudizado durante el último año como resultado del
nuevo esquema de endurecimiento adoptado por el actual Gobierno, algo que puede llevar
a colapsar en el corto plazo las cárceles, especialmente luego que una reciente sentencia de
la Sala de los Constitucional declaró a las pandillas como agrupaciones terroristas.
La evidencia empírica y la evolución de la situación delincuencial han mostrado que
el aumento en el uso de la prisión y la aplicación de condenas prolongadas no ha sido un
mecanismo disuasivo para la comisión de ilícitos y la reducción de la criminalidad. Entre el
2000 y el 2015 la población privada de libertad pasó de 7800 a 31 148 personas, es decir, ha
crecido en un 400 %, lo que ha llevado a que la mayor parte de penitenciarias experimenten
gravísimos niveles de sobrepoblación. Incluso, durante el último año se registra una tendencia
al incremento en el uso del régimen de encierro especial en el Centro de Zacatecoluca con lo
que, probablemente, se superará su capacidad instalada. Ello advierte sobre la vulneración a
los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y temporalidad que rigen la aplicación
de este régimen especial.
Esta tendencia es particularmente preocupante, dado que en El Salvador la cárcel
ha jugado un rol determinante en la evolución de la criminalidad, en tanto las dinámicas
delincuenciales que se gestan dentro de la prisión han tenido una fuerte influencia en la
actividad criminal que ocurre fuera de la cárcel. Un ejemplo ilustrativo de ello ha sido
la evolución de la extorsión, delito que se masificó y cobró complejas formas, luego del
encarcelamiento masivo de pandilleros en las cárceles, pues al interior de la prisión se
vislumbró como un mecanismo de búsqueda corporativa de recursos que han subsidiado en
buena medida las necesidades de los pandilleros que se encuentran presos.
Tal y como señala Lessing (2015), con el aumento del encarcelamiento se incrementa
la violencia en la calle, debido a que las estructuras delincuenciales que operan en la cárcel
se consolidan y terminan imponiendo su poder a los grupos delincuenciales en la calle.
Ello no ha sido responsabilidad exclusiva de las administraciones penitenciarias, sino de los
legisladores, el sistema judicial y de la sociedad en su conjunto, que buscan reiteradamente
resolver el problema de la seguridad principalmente con la cárcel. Al respecto, es
fundamental que todas las instancias del sistema de justicia se articulen para privilegiar
mecanismos alternos al encierro al momento de imponer sanciones, de lo contrario será
muy difícil lograr reducir la sobrepoblación carcelaria y sus consecuencias.
Sin embargo, es importante señalar que aunque las reformas al sistema de justicia y al
sistema penitenciario son necesarias y urgentes, no dejarán de ser paliativos en un sistema
que excluye de los beneficios sociales y económicos a grandes sectores de la población. La
reducción sostenible de la delincuencia requiere que el Estado adopte políticas sociales que