El-Sistema-penitenciario-salvadoreño-y-sus-prisiones

Introducción
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Introducción
La violencia y la criminalidad es sin duda, en la actualidad, el problema que más agobia
a la sociedad salvadoreña. Y aunque hoy día existe un relativo consenso entre diferentes
sectores del Estado respecto a las raíces sociales del fenómeno criminal y su multicausalidad,
el Estado salvadoreño lo ha seguido encarando fundamentalmente desde la perspectiva
punitiva. Históricamente en El Salvador, ha existido una tendencia socio-cultural a abordar
los conflictos sociales e interpersonales mediante el uso del derecho penal, en el que la prisión
suele concebirse como el principal mecanismo de defensa social y la solución fundamental al
fenómeno criminal. Este enfoque se ha traducido en el impulso de innumerables reformas
y contrarreformas penales basadas en la presunción de culpabilidad, que buscan asegurar
la aplicación de la pena de prisión y el aumento de penas más severas, tendencia que se
exacerba cada vez que surgen períodos de alarma social. Todo ello en un contexto en el que
el funcionamiento del sistema de justicia ha adolecido de diversos problemas y deficiencias
que han dificultado el acceso a una pronta y cumplida justicia. Las graves debilidades de los
sistemas de justicia se han buscado compensar mediante la aplicación de leyes más severas,
en un contexto de continua demanda ciudadana de justicia.
Esto ha derivado en un abuso de la cárcel como pena y como medida preventiva,
lo que ha producido un continuo flujo de personas privadas de libertad, en un sistema
penitenciario que históricamente experimentó un abandono sistemático por parte del
Estado. Paradójicamente, aunque la represión y la cárcel han sido utilizadas como la
solución prototípica a la criminalidad, las cárceles no recibieron durante décadas la atención
requerida, probablemente porque el Estado las concibió como meras bodegas cuyo fin era el
encierro y aislamiento de personas que habrían producido un daño a la sociedad y no como
una medida que buscaba la rehabilitación de las personas privadas de libertad. El espíritu
progresista recogido en la reforma penitenciaria adoptada a mediados de la década pasada
y expresada en la Ley Penitenciaria que tiene como fundamento el respeto a los derechos y
garantías de los privados de libertad y en el que la pena tiene como propósito rehabilitar al
delincuente, no logró materializarse debido en gran medida al contexto de fuerte demanda