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El sistema penitenciario salvadoreño y sus prisiones
fases y al concluirlas pueda incorporarse a la sociedad. Sin embargo, los actuales niveles de
sobrepoblación y las gravísimas condiciones de habitabilidad, en las cuales se encuentran
la mayoría de centros penales, muestran las condiciones de indignidad y deshumanización
bajo las cuales cumple su pena la población reclusa, lo cual opera en contra de cualquier
propósito rehabilitador.
Además, en la mayoría de centros penitenciarios existe un irrespeto a la clasificación
determinada por la Ley Penitenciaria de dichos recintos, así como a la clasificación de
los privados de libertad, lo que más bien promueve un reforzamiento de las conductas
desviadas y complejos procesos de socialización criminal, especialmente cuando se mezclan
personas procesadas y condenadas o internos de alto grado de peligrosidad con otros que no
representan amenaza alguna para el sistema. En este contexto, se obliga a la persona privada
de libertad que ingresa al sistema a adaptarse a las estructuras paralelas de poder y criminalidad
que funcionan al interior de los centros penitenciarios. Aunque esto ha obedecido a limitantes
relativas a la capacidad instalada y a la escasez de recursos, ha tenido graves repercusiones en
las posibilidades de rehabilitación de los privados de libertad, además de generar riesgos a su
integridad personal.
Otro aspecto relevante que contradice la normativa penitenciaria en El Salvador es el
referido al tratamiento técnico e individualizado que debe brindar el sistema penitenciario a
los privados de libertad en aras de buscar su reinserción social. Si bien se reconoce que en las
últimas administraciones ha habido esfuerzos para aplicar programas educativos, laborales
y terapéuticos, estos no siempre tienen el impacto deseado, debido a la desproporcionada
relación que existe entre la cantidad de reclusos y el personal técnico designado por la
DGCP para echar a andar el tratamiento penitenciario. A la vez, es obvio que “con una
sobrepoblación penitenciaria de tales magnitudes, es inimaginable cualquier programación
terapéutica” (PNUD, 2000, pág. 25).
En materia de aplicación de las distintas fases del régimen penitenciario, es importante
destacar que, en los últimos años, ha habido una mayor aplicación de las fases de confianza
y semilibertad, respecto a años anteriores, lo cual obedece al impulso del nuevo enfoque
en la política penitenciaria. Sin embargo, debido al escaso personal para monitorear a la
enorme cantidad de personas privadas de libertad, los porcentajes de reclusos que acceden
a estas fases son aún reducidos. Un caso particularmente alarmante es la “legal” exclusión
selectiva que por años la normativa penal realizó de los privados de libertad pertenecientes
a pandillas y que tuvo repercusiones en el acceso de esta población a las diferentes fases que
debe proporcionar el sistema, imposibilitando aún más su rehabilitación.
La inversión histórica en el sistema penitenciario es un ejemplo del olvido en el que se
encontró durante años. Recientemente han existido esfuerzos por aumentar los recursos
asignados a esta área. Una muestra de ello es que el presupuesto de la DGCP pasó de ser $
16,395,960 para el año 2002, a $ 68,700,985 para el año 2015. Sin embargo, estos recursos
siguen siendo “insuficientes en virtud del constante flujo de internos que ingresan al sistema”