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El sistema penitenciario salvadoreño y sus prisiones
Bajo esta lógica, la enorme cantidad de personas que viven en las cárceles del país no
reciben el mismo trato que el resto de la población salvadoreña, en cuanto a su derecho de
acceso a la salud, ya que es la DGCP quien tiene a su cargo la atención en esta área, aun
cuando es el Minsal la cartera de Estado que tiene como mandato prestar dicho servio a
toda la población salvadoreña.
Por otra parte, la DGCP no cuenta con ambulancias ni suficientes vehículos para
trasladar a los privados de libertad a las consultas externas o para atender emergencias al
interior de las cárceles. Por ejemplo, el centro penal de Cojutepeque cuenta únicamente
con un vehículo para hacer toda clase de diligencias, desde actividades administrativas hasta
llevar a consultas externas a las personas privadas de libertad.
Cojutepeque, por ejemplo, tiene un vehículo, si tienen un paciente que tiene cita en el [Hospital] Rosales y
cinco en el hospital local, ¿a dónde van? Si llevan al paciente al Rosales, pierden el resto; a veces el vehículo
hace…va tempranito en la mañana, deja al paciente en el [Hospital] Rosales, regresa a Cojute[peque],
lleva al hospital local y regresa al [Hospital] Rosales a traer al paciente (Especialista 2).
Cada vez que la DGCP traslada a un privado de libertad hacia un centro asistencial
por alguna emergencia o tratamiento médico, esta debe destinar dos agentes de seguridad
penitenciaria para su resguardo fuera del recinto carcelario, lo que deriva en una reducción
del personal destinado a la seguridad de los reclusos.
No, nosotros con el transporte nuestro movilizamos a la población privada de libertad con la custodia
nuestra, pero para mover a un privado de libertad yo necesito mover a cada privado con dos agentes
de seguridad, […] entonces, imagínese se me enferman […]30, tengo a 60 agentes yo, cuidando en
el hospital a privados de libertad […] hay alguna otra población que tienen programada su consulta
y entonces [les explicamos]“mire es que no lo podemos llevar porque tenemos un enfermo terminal o
un enfermo que tenemos que mover, entonces a usted se la vamos a reprogramar”; pero me imagino
que también la institución entiende que no tenemos el trasporte adecuado, no tenemos la cantidad
necesaria, no tenemos el personal, no tenemos todo el sistema como para estar movilizando la cantidad
de privados de libertad que, para la garantía de derecho a su salud, tendríamos que estar moviendo
[….] (Especialista 1).
La falta de recursos en los centros penales no es únicamente de medicamentos ni de
profesionales de la salud, sino también de custodios para que atiendan y vigilen los traslados
hacia los hospitales o centros asistenciales en los que están dando tratamiento a los pacientes
privados de libertad. Este tipo de funciones pone en riesgo tanto la seguridad interna por
posibles fugas, ya que el personal se disminuye al realizar este tipo de diligencias, así como la
salud de los internos que requieren un tratamiento, y no se cuenta con personal de seguridad
suficiente para que puedan acompañarlos a recibir la atención médica que necesitan.
Las condiciones mencionadas con anterioridad distan mucho de lo que persigue la Ley
Penitenciaria, en su Artículo 69: “los centros penitenciarios deberán contar con dormitorios
individuales y colectivos; enfermerías, clínicas médicas y psicológicas; instalaciones