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El sistema penitenciario salvadoreño y sus prisiones
anterioridad, la DGCI debe proporcionar un programa de educación formal desde
educación primaria hasta bachillerato en tales centros, por lo que se asume que la mayoría
está continuando sus estudios.
Años de condena e incidencia de delitos de la población de la DGCI
Tal como se regula en materia penal de adultos, la pena de prisión se considera como
mecanismo de ultima ratio y bajo el principio de proporcionalidad de la pena (Art. 27 Cn; Art.
47 CP), ya que “la privación de libertad per se, no puede socializar a la persona, aislándola de
la comunidad [… y] debe tener una visión realística […] porque la pena de prisión es una
opción para la rehabilitación del condenado” según lo establece la Constitución (Tribunal
Tercero de Sentencia de San Salvador, 2002, pág. 6).
En este sentido, para la legislación especial de menores la privación de libertad, tiene un
mayor carácter de excepcionalidad, pues debe aplicarse en aquellos casos en los que se hayan
agotado otras medidas alternas a la pena de internamiento, por un tiempo determinado y el
menor tiempo posible. El artículo 15 de la Ley Penal Juvenil establece que “El internamiento
constituye una privación de libertad que el Juez ordena excepcionalmente, como última
medida, cuando concurran las circunstancias establecidas para la privación de libertad por
orden judicial y su duración será por el menor tiempo posible”.
Al respecto, debe ser objeto de preocupación la tendencia que están adoptando los
jueces de menores al imponer medidas de internamiento extremadamente prolongadas,
debido a que contradice las normas nacionales e internacionales que establecen que dichas
medidas deben ser consideradas como último recurso, luego que el juzgador haya agotado las
medidas alternativas a la prisión (Fespad, 2004). Sin embargo, según datos proporcionados
por la DGCI actualmente existen jóvenes cuya medida de internamiento alcanza los 30 años.
Esta tendencia no es nueva para el país. En el año 2004, cuando aún no se creaban los
centros intermedios, el Diagnóstico Regional sobre las condiciones de Detención de las
personas Adolescentes en las Cárceles de Centroamérica señalaba a El Salvador como el
país con “las cifras más elevadas de privaciones de libertad de menores” (Fespad, 2004, pág.
48). Actualmente, una gran proporción de jóvenes en centros intermedios se encuentran
privados de libertad cumpliendo medidas entre los 5 a 30 años. El gráfico a continuación
muestra la cantidad de jóvenes a los que se les ha impuesto una medida de 5 a 10 años.