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El sistema penitenciario salvadoreño y sus prisiones
alarmantes niveles de hacinamiento, precarias condiciones y una limitada oferta reeducativa,
tal y como lo señalan algunos de los especialistas entrevistados.
[en los centros penitenciarios en los que se cuenta con talleres] estamos haciendo muchos esfuerzos con
nuestros donantes de poder implementar talleres más modernos, verdad, ya con el Nuevo Modelo de
Gestión Penitenciaria [pero] a donde se nos ve la dificultad, que teniendo tanta población privada de
libertad, no podemos tener a todos en el taller al mismo tiempo. [Los esfuerzos del personal penitenciario
se concentran en] hacer programaciones ingeniosas, [en la que pasen] grupo por grupo […] Lógicamente
no se la va a poder dar cobertura a todos en un periodo corto, verdad, sino que [se le da] prioridad, por
ejemplo, a las condenas cortas (Especialista 1).
En consecuencia, la sobrepoblación penitenciaria no solo tiene repercusiones en la
asignación de un tratamiento individualizado para el privado de libertad que procure su
rehabilitación, sino también genera graves consecuencias para la apropiada concesión de
un beneficio penitenciario, con lo cual se violenta el derecho al acceso a la justicia de las
personas privadas de libertad. Al respecto, es interesante aludir al ejemplo que un especialista
mencionaba sobre el centro penitenciario de Usulután:
[A mediados del año pasado] Un director nuevo llegó al Penal [de Usulután donde] hay 1,500
internos; [él] pidió un estudio jurídico de todos los internos [y se descubrió que] 750 podrían haber
estado, en la calle con beneficios, la mitad de la población [¿cuál es el motivo de que no se haya
beneficiado a esta población] Porque no aplican la justicia, no aplican la Ley. Primero, el equipo técnico
del Penal, no está completo, están desmotivados, tienen montañas de expedientes. Segundo, los consejos
criminológicos que revisan los que han metido, no conocen tan bien [a los privados de libertad] como los
conocen los equipos técnicos; entonces, el Equipo Técnico [Criminológico] admite un dictamen favorable
para cambio de fase y para libertad condicional y el Consejo Criminológico [Regional] lo rechaza [o]
pone trabas. Hay una mentalidad aquí, bueno, no solo dentro del sistema, sino afuera [de parte de la
sociedad salvadoreña] de “bueno, son criminales, son asesinos, que se pudran ahí y mejor rociarles con
gasolina; que no merecen salir”: esa es la actitud de la sociedad. Y eso se refleja en el trabajo de las
personas que trabajan en los Consejos Criminológicos. Y bueno, el siguiente eslabón son los Jueces de
Vigilancia, [que tienen] pilas de expedientes y poco personal para tratar[los] (Especialista 2).
En la actualidad, la DGCP y su Departamento Jurídico tienen un registro de la situación
jurídica de los internos basado en el análisis de sus expedientes jurídicos, lo cual permite dar
seguimiento de forma individualizada.
La DGCP, el Departamento Jurídico, ha empezado un trabajo [en el cual] fueron donde están los
archivos y empezaron archivo por archivo. [Sin embargo,] en vez de clasificarlos por orden alfabético,
como están ahorita, los separaron en tres filas: [en la primera] esta[n los que] podría[n] salir de fase
ordinaria a semilibertad; [en la segunda están los] que pueden optar al beneficio de Libertad Condicional,
y [la] últim[a], los que faltan dos meses o menos de terminar. [En este proceso] encontraron a un señor
que ya cumplió sentencia y […] seguía ahí (Especialista 2).
La actualización y revisión individualizada que está impulsando la DGCP permitirá
identificar con precisión las personas privadas de libertad que puedan acceder a un beneficio