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La configuración legal del sistema penitenciario salvadoreño 7
Principio de judicialización
Establece que tanto la ejecución de la pena privativa de libertad como el control del
adecuado cumplimiento del régimen penitenciario que corresponda, estarán bajo estricto
control judicial. Además implica el derecho a la asistencia legal, particular o asignada por el
Estado, que el privado de libertad requiera en cualquier trámite que se suscite en la etapa de
la ejecución de la pena (Art. 6, LP, 1997).
Principio de participación comunitaria
Desarrollado en el artículo 7 de la Ley Penitenciaria, hace referencia a la obligación de
la Dirección General de Centros Penales de incluir la colaboración y participación de
asociaciones civiles de asistencia, u otras similares, en las planificaciones referidas a las
actividades penitenciarias que desarrollen los privados de libertad.
Estos principios responden a la adopción, en la normativa nacional, de lineamientos
internacionales plasmados en convenciones y tratados internacionales, cuyo fin es procurar
la humanización de la pena privativa de libertad en el mundo, como los Principios básicos
para el tratamiento de los reclusos, las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, la
Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas
crueles inhumanos o degradantes, el Pacto internacional de derechos civiles y políticos, la
Convención americana sobre derechos humanos y el Código de conducta para funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley, entre otros.
1.3. El régimen penitenciario de El Salvador
De acuerdo con el Reglamento General de la Ley Penitenciaria (RGLP), el régimen penitenciario
es “el conjunto de normas reguladoras de la convivencia y el orden dentro de los Centros
Penitenciarios, cualquiere [sic] que fuese su función” (Art. 247, RGLP, 2000). Un análisis de la
normativa penitenciaria indica que el régimen penitenciario adoptado por el legislador tiene
un carácter progresivo. Es decir, que el mismo está diseñado para ser aplicado en varias fases,
a través de las cuales los privados de libertad transitan en virtud de su evolución dentro del
sistema y de los dictámenes técnicos correspondientes. De acuerdo a la Ley, las fases por las
que deberían pasar las personas condenadas a una pena de prisión son:
a) de adaptación,
b) ordinaria,
c) de confianza y
d) de semilibertad.
Para su implementación, se establecen dos modalidades: una cerrada y la otra abierta,
que comúnmente, se denominan régimen abierto y régimen cerrado. En el régimen cerrado,
el privado de libertad debe cumplir su pena exclusivamente en el centro penitenciario, y las