El-Sistema-penitenciario-salvadoreño-y-sus-prisiones

Consideraciones generales y recomendaciones 157
(Iudop, 2014, pág. 167). La lógica de encarcelamiento en masa que parece haberse retomado
durante el actual Gobierno compromete seriamente los importantes esfuerzos que se están
haciendo por transformar las cárceles del país.
Las iniciativas de reforma y modernización del sistema penitenciario impulsadas por
las últimas tres administraciones penitenciarias han sido uno de los mayores aciertos en los
últimos años. El giro de la administración penitenciaria con la configuración de una política
innovadora, que recoge el espíritu de la normativa penitenciaria vigente, representa un
importante avance en esta materia. Sin embargo, este esfuerzo de cambio y de transformación
requiere la sintonía, coordinación y colaboración entre los distintos Órganos del Estado y,
por supuesto, entre las diferentes carteras ministeriales que integran el Órgano Ejecutivo
y que intervienen en el sistema penal y de justicia salvadoreño. La materialización de
dichas coordinaciones e interconexiones permitiría un desempeño más eficaz y apegado a
las necesidades que enfrentan actualmente las cárceles del país y a la finalidad de la pena,
que es la rehabilitación de las personas privadas de liberad. Los proyectos, programas o
acciones encaminadas a descongestionar las cárceles, impulsadas únicamente por la DGCP,
resultarán insuficientes, mientras no se busquen alternativas más integrales para resolver de
forma sostenible la problemática. El Órgano Judicial y la Fiscalía General de la República
deben hacer una revisión crítica sobre la imposición de penas de prisión, y verificar si estas
están cumpliendo su función rehabilitadora, o si es necesario plantearse nuevos mecanismos
sancionatorios alternativos a la prisión, especialmente en muchos casos de delitos menores
o de infractores de menor peligrosidad.
Otro de los puntos más destacados en los esfuerzos de transformación del sistema
penitenciario es el impulso y mantenimiento de una política de combate a la corrupción
al interior de los recintos carcelarios, la cual se ha implementado en las tres últimas
administraciones. Este es un ejemplo de institucionalización de una política pública, que pese
a los cambios de titular en la DGCP, se ha configurado como un elemento fundamental en el
fortalecimiento del sistema penitenciario. La continua investigación y destitución de personal
penitenciario vinculado a hechos delictivos y de corrupción, junto a la formación de nuevos
agentes penitenciarios, es fundamental para mejorar el control interno de la seguridad en
las cárceles, debilitar las estructuras delincuenciales que funcionan al interior del sistema e
implementar un sistema penitenciario basado en el respeto de los Derechos Humanos.
En materia de institucionalidad penitenciaria, vale la pena destacar la creación y
mantenimiento del sistema de información penitenciaria que, a partir de octubre de 2010,
permitió a la DGCP contar con un sistema de información efectivo que provee de datos
valiosos para la toma de decisiones, el intercambio de información con otras entidades
y brindar información al público interesado sobre el sistema penitenciario. La existencia
de este registro permite conocer la situación legal y social de cada interno, monitorear su
evolución procesal dentro del sistema y facilitarle los mecanismos de acceso a la justicia para
su progresión dentro del sistema penitenciario.