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El sistema penitenciario salvadoreño y sus prisiones
superan en más de ocho veces la capacidad instalada de los centros. El Pabellón Psiquiátrico
tiene una capacidad para 12 personas y en 2014 llegó a albergar a 113 internos, con el
agravante que se trata de personas que adolecen de trastornos mentales (Iudop, 2014).
El Centro de Readaptación para Mujeres de Ilopango, única penitenciaría exclusiva para
mujeres bajo el régimen cerrado, cuenta con una capacidad de 220 plazas y albergaba a
finales de 2014 un total de 2073 privadas de libertad. Este sector de población requiere una
atención integral, tanto por su condición de mujeres, como porque junto a muchas de ellas
conviven infantes y niños menores de 5 años. De acuerdo a información proporcionada por
la DGCP a julio de 2014, este centro albergaba 96 niñas y niños, de un total de 135 niños y
niñas que viven al interior de las cárceles. Es importante destacar que los menores de edad
que se encontraban en el centro penal de mujeres en Ilopango fueron trasladados a partir del
mes de enero de 2015 a la Granja Penitenciaria de Izalco, que fue construida especialmente
para atender mujeres con sus hijos menores de 5 años. La DGCP proyecta en el corto plazo
que el 100 % de las niñas y los niños que se encuentran en los diferentes centros puedan ser
trasladados a Izalco.
Otra de las cárceles que presenta elevados niveles de hacinamiento es el Centro Penal de
San Miguel, que tiene una capacidad instalada de 180 cupos; sin embargo, en el año 2014,
contaba con una población de 1486 internos.
Ese es el patio central y una cancha de básquetbol; nada más. Sí, ese es el pasillo, pero la gente duerme
en el pasillo porque no hay otros espacios. Eso es supuestamente un patiecito, pero ponen la lona encima
y ahí duermen (Especialista 2).
Los datos anteriores podrían sugerir que el problema principal del sistema penitenciario
salvadoreño son las condiciones infrahumanas en las que sobreviven la mayoría de personas
privadas de libertad debido al hacinamiento. Sin embargo, de acuerdo a Arroyo (2015), el
hacinamiento no es el principal problema que enfrentan las cárceles en América Latina y el
Caribe, sino las diversas políticas de encierro implementadas por los Gobiernos, en las que
no tienen cabida propuestas alternativas a la prisión.
[…] cuando tú tratas de centrarte, digamos, en el hacinamiento, tú primero céntrate en las decisiones y
los intereses que hay envuelto en la decisión política. Vamos a ver, me dicen “¿y por qué no le podemos
dar un giro, no solo a las cárceles, a este problema de seguridad?” sí, le podemos dar un giro, pero
vamos a salir calaceados todos, es un suicidio político, varios intereses económicos van a verse afectados
de sectores de poder, de intereses de poder político, interés económico, entonces sí se puede dar un giro,
pero ahí hay que asumir los costos (Especialista 3).
La lógica punitivista de recurrir a la cárcel para resolver los conflictos y buscar reducir
la criminalidad con el aumento de penas ha mostrado reiteradamente su ineficacia, tanto
en el caso salvadoreño como en otros países de la región. Por ejemplo, el aumento del
encarcelamiento en Estados Unidos en décadas pasadas no registró una reducción en tasas