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El sistema penitenciario salvadoreño y sus prisiones
Los gastos anteriores se ven relacionados con aquellos costos tangibles asociados al
impacto de la violencia en el país, entre ellos los costos institucionales de administración
de justicia y atención a víctimas, así como de aprehensión, juzgamiento y sanción que
son asumidos por la policía, el Órgano Judicial, la Fiscalía, las procuradurías, el sistema
penitenciario y otras entidades gubernamentales. Solo en el año 2003 “el presupuesto
asignado a las diversas instancias gubernamentales involucradas en la prevención y combate
de la delincuencia ascendió a $ 270.4 millones”, lo que representó un 1.8 % del PIB
(PNUD, 2005, pág. 51).
Estas son algunas de las razones por las que debe realizarse una reflexión cuidadosa
sobre el uso desproporcionado de la pena de prisión a nivel legislativo, ejecutivo,
judicial y fiscal, ya “que la escasez de fondos públicos bien puede ser un factor adicional
por el cual el Estado se asegure de que en las prisiones se recluyan sólo los criminales
más peligrosos y no sean un método para recluir a los marginados por la sociedad”
(Coyle, 2009, pág. 39).
“El uso del encarcelamiento que hace un país puede afectar la gestión interna de las
prisiones. Cuando las prisiones están superpobladas y carecen de recursos, la gestión
puede verse restringida a cubrir las necesidades básicas de vida de los prisioneros.
Simplemente asegurarse de que los prisioneros tengan suficiente comida y agua limpia,
una cama donde dormir y acceso a aire puro puede convertirse en una tarea de tiempo
completo en algunas administraciones penitenciarias” (Coyle, 2009, pág. 21).
En dicha reflexión debe considerarse también lo que representa para el Estado aumentar
la inversión en materia penitenciaria que pueda comprometer la inversión social en otras
áreas fundamentales como educación, salud, vivienda, entre otras, para la población en
general.