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Consideraciones generales y recomendaciones 161
función de su situación jurídica y de las etapas que establece el régimen penitenciario. Los
planes de ampliación y habilitación de nueva infraestructura de cárceles, deberían considerar
los requerimientos de las diferentes etapas contempladas en el régimen penitenciario, así
como los criterios de clasificación que establece la Ley Penitenciaria.
Es fundamental dar continuidad a la política de profesionalización del personal
penitenciario, mediante el fortalecimiento y la cualificación de los programas de
reclutamiento, formación y evaluación que desarrolla la Escuela Penitenciaria. Al
respecto, debido al grado de especialización de la formación que se imparte en la Escuela
Penitenciaria y del nivel de tecnificación que se quiere ofrecer al personal penitenciario, es
pertinente suscribir convenios de cooperación que favorezcan el desarrollo de programas de
intercambio académico con otras entidades de formación a nivel nacional como la ANSP,
la Escuela de Capacitación Judicial, la Corte Suprema de Justicia y universidades, e incluso
con organismos internacionales como Ilanud, el Instituto Interamericano de Derechos
Humanos y el Centro Internacional de Estudios Penitenciarios, entre otros.
• En el ámbito de la profesionalización del personal penitenciario, la DGCP debe
fortalecer y ampliar el Plan Cero Corrupción en todos los niveles y áreas del sistema
penitenciario. Al respecto, es fundamental mejorar el salario y las condiciones
bajo las cuales labora el personal penitenciario, además de robustecer el sistema
de controles internos mediante el fortalecimiento de la Inspectoría General. Esto
permitirá mejorar los niveles de supervisión del personal penitenciario y reducir las
probabilidades de que sean corrompidos.
• En este orden y para reducir el ingreso de objetos ilícitos al interior de las cárceles, es
importante aumentar la inversión para la adquisición de mecanismos tecnológicos de
seguridad, que garanticen un mayor control interno de los recintos, que faciliten la
labor del personal penitenciario y que reduzcan los registros invasivos para las visitas
de los privados de libertad.
Fortalecimiento y ampliación de programas socioeducativos que contemplan
un conjunto de actividades terapéutico-asistenciales y programas intensivos de
formación, educativos, laborales y de interacción social dirigidos a la reinserción
social de los condenados. Este supone contar con los espacios necesarios y la capacidad
instalada (equipos, herramientas, materia prima, insumos, etc.) para la habilitación de talleres
ocupacionales, los programas socioeducativos y la industria penitenciaria en cada penal. Al
respecto, es importante además equipar las escuelas penitenciarias que actualmente existen
y ampliar la oferta de educación formal a nivel de educación superior, especialmente en
carreras técnicas. Esto podría implementarse mediante el establecimiento de acuerdos de
cooperación con la Universidad de El Salvador y con algunas universidades privadas. Las
modalidades de formación educativa en línea, serían una alternativa viable para muchos
internos que desean realizar estudios superiores mientras cumplen su condena.