Plan de Manejo Regional para el Manatí de las Indias Occidentales

(Jiménez 2002). En algunos de estos pueblos, la caza es una actividad sociocultural en la que participan
muchos hombres y tras la que se realizan celebraciones comunitarias. En Haulover, los cazadores de
manatíes son miembros muy respetados de la comunidad. Los jóvenes deben convertirse en cazadores al
llegar a la edad correspondiente, que en general es 35 años. La caza es una actividad periódica en
Haulover (Jiménez 2000). En esta aldea, todos han consumido carne de manatí y al menos un miembro
de cada familia participa en la caza y transmite la tradición (Espinoza 2004). Aquellos que tienen interés
en aprender a cazar con arpón, aprenden mirando a otros integrantes de la familia que practican la
actividad con frecuencia.
Las diferencias culturales entre las comunidades de caza de Nicaragua afectan el impacto que cada
comunidad tiene en las poblaciones de manatíes. En algunas aldeas, sólo participan algunas personas,
con canoas para buscar manatíes. En otras aldeas, como Haulover, participan grupos de hasta 40
hombres en embarcaciones a motor. En otras comunidades, la pesca furtiva es casual y la cantidad de
personas que participan en esta actividad es reducida. Por último, otras comunidades, como Krukira,
utilizan trampas de pesca largas (de al menos 250 metros de largo) en las que los manatíes se quedan
atrapados accidentalmente. En algunas comunidades nicaragüenses, los cazadores merecen mucho
respeto, mientras que en otras, no. Algunas personas han dejado de cazar porque la técnica es demasiado
compleja y requiere mucha fuerza y conocimiento. Los jóvenes de muchas comunidades parecen estar
más interesados en pescar que en cazar. Algunos jóvenes también buscan un mejor estilo de vida y, por
ende, migran a otros países, como Costa Rica o Estados Unidos (Espinoza 2004).
2.16.4. Legislación nacional y medidas de conservación
Nicaragua ha firmado una serie de acuerdos de conservación internacionales (Tabla 4). A nivel nacional,
los manatíes están protegidos por la ley general de caza, el Decreto Legislativo 306 de 1956. En 1972, la
temporada de caza del manatí se cerró en forma indefinida. En 1977, el Decreto N.º 625 incrementó la
protección de los manatíes prohibiendo la extracción comercial o la exportación de especies silvestres.
Sin embargo, los indígenas y los pobladores locales que habitan la costa a menudo desconocen las leyes
(Jiménez 2002). La presencia de personal de seguridad es poco común y, en algunas comunidades, las
únicas personas que pueden contribuir con la protección de los manatíes son el juez local, el “síndico”
(un líder autóctono que está cargo del uso de los recursos naturales) o el pastor local. Esta carencia de
autoridades de seguridad probablemente explica por qué la carne de manatí se vende abiertamente en
algunos mercados locales. En comunidades como Wawa, la gente es consciente de la importancia de
proteger a los manatíes gracias a las campañas educativas de organizaciones ambientales locales, como
el Programa Ambiental Regional para Centroamérica. En Cayo Rama, un proyecto ambiental
denominado Proyecto de Conservación y Desarrollo Forestal ha fomentado la protección de los
manatíes. Por ende, algunos cazadores han dejado de cazar, pero otros no desean cambiar, a menos que
reciban algún tipo de compensación o les ofrezcan un medio de vida alternativo (Jiménez 2000).
En 1999, se estableció la Reserva de la Biosfera del Sudeste de Nicaragua, que abarca una serie de áreas
protegidas, por ejemplo, la Reserva Biológica de Indio Maíz y el Refugio de Vida Silvestre del Río San
Juan, un sitio Ramsar. En su plan de gestión, la Reserva de la Biosfera incluye actividades diseñadas
específicamente para conservar y proteger a los manatíes. La cantidad de manatíes de la reserva
probablemente sea menor a la de otras zonas, pero la calidad del hábitat disponible es mucho mayor.
Como la reserva se encuentra junto al Área de Conservación Tortuguero de Costa Rica, que cuenta con
un excelente hábitat para los manatíes y aplica correctamente las leyes, ambas zonas aportan un lugar
seguro y de alta calidad para los manatíes (Jiménez 2002).
En 2005, se promulgó la “Ley Especial de Delitos contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales”
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