autogestión financiera comunal - Iaeden

capacidades, entre ellas, la que define la Universidad del Valle de Cali
(2001), “...administrar, operar y mantener los servicios con criterios de
eficiencia financiera...” (p. 1); exigiendo más allá del financiamiento estatal, la
preparación de los miembros de los consejos comunales para la autogestión
financiera comunal como práctica de autogobierno y desde la perspectiva de
Vidal, D. (2007), como “...expresión de una profunda aspiración a la
horizontalidad, a la implicación, al regalo de uno mismo y a la
responsabilidad. La cooperación y la asociación, el compartir los saberes y
las responsabilidades, es decir, los bienes” (p. 1).
Sobre el punto de la autogestión financiera comunal, hay que destacar
que si bien es cierto existen algunas experiencias en la República Bolivariana
de Venezuela; como sostiene Denis, R. (2006): “El reto que se plantea se
muestra obvio: la necesidad de generalizar esta experiencia [...] como
mecanismo de empoderamiento, de formación permanente” (p. 1); que le
permita al colectivo proyectar en el mediano plazo la apropiación completa
del espacio de producción donde se encuentra, pues sería una temeridad no
concebirlo así en una país que históricamente ha demostrado no estar
especialmente sobrado de recursos públicos; y esto, más pronto que tarde,
requerirá una reflexión en profundidad.
Un posicionamiento similar lo asume Noguera Pietri, J. (2007), quien
plantea la necesidad de fortalecer las capacidades de los Consejos
Comunales mejorando las técnicas y habilidades autogestionarias para
empoderar a sus miembros, razón por la cual recomendó a las autoridades
del país diseñar un esquema metodológico-operativo adaptado a la práctica
de la dinámica territorial donde operan dichas organizaciones.
Esto resulta plausible, es decir, aceptable, en este tiempo en el cual se
plantea la transferencia del poder a las comunidades, y para tal fin, como
señalaba Mota, J. (2007), se deben crear las condiciones necesarias y
suficientes de aprendizaje social, institucionalidad administrativa e
instrumentación procedimental, para su viabilidad.
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