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Los derechos a la atención de salud están detallados en artículos
específicos de la Constitución bolivariana –del 82 al
86– que definen el acceso al servicio médico como un derecho
fundamental de todos los ciudadanos. Los artículos dan al
gobierno la responsabilidad de proveer y financiar un sistema
participativo y universal de salud pública. En 2001, el presidente
Chávez utilizó esta nueva constitución para promulgar
una serie de leyes y programas que sembraron el pánico entre
la oligarquía venezolana. Entre estas había disposiciones que
permitían al gobierno crear misiones sociales, incluyendo el programa
médico Barrio Adentro que mejoraría grandemente la
vida de la gente pobre y de la clase trabajadora en los años
venideros. Pero en cuanto concernía a los ricos, había muchas
medidas preocupantes que los afectaron de inmediato en 2001.
Ellos temían a las nuevas leyes acerca de la reforma agraria
y la distribución de los ingresos petroleros y a sus límites
legales que ponían coto a la desenfrenada búsqueda de propiedades
y riqueza. Otras leyes cambiaron la estructura tributaria
o sencillamente pedían al gobierno que tomara medidas
más estrictas para recolectar impuestos que no se habían pagado
durante años. La oligarquía y el mundo de los negocios decidieron
actuar de manera rápida antes de que estos cambios
pudieran implementarse.
Desde fines de 2001 hasta principios de 2003, la oligarquía
hizo repetidos intentos por expulsar a Chávez y a su administración.
Un aluvión de trastornos económicos precedió a un
golpe de Estado en abril de 2002, ideado por los grandes negocios
y algunos generales alentados por grupos de presión financiados
por Estados Unidos. El golpe expulsó a Chávez del
poder, pero solo por poco más de veinticuatro horas. Fracasó
porque la mayoría de los militares y millones de pobres acudieron
en defensa de Chávez. En los meses subsiguientes al
intento de golpe, casi ninguno de los participantes en el mismo
fue arrestado mientras Chávez hacía una serie de gestos
conciliatorios hacia la comunidad de negocios y sus opositores
políticos. Esto fue interpretado por la oligarquía como
una señal de debilidad, por lo que la confederación de negocios,
FEDECÁMARAS, realizó tres intentos de sabotaje económico.
Trató de paralizar al país cerrando negocios y fábricas,
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