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LAS HERIDAS DEL PASADO SE CURAN CON MÁS VERDAD
La sociedad andaluza bajo sospecha
Tal y como habían demostrado las elecciones celebradas en febrero de
1936, en Andalucía los bandos de guerra de los militares rebeldes y la
legislación de responsabilidades políticas podía aplicarse a casi todos los
Diputados de 1936 y a la gran mayoría de los parlamentarios electos durante
la Segunda República, pero también se podían aplicar sin demasiada
dificultad a una parte importante de la sociedad andaluza, cuyas simpatías
políticas por los partidos republicanos y por la izquierda obrera eran claras
desde 1931. En realidad, en la Andalucía agraria, de campesinos y jornaleros,
con una cultura democrático-republicana asentada en los grandes
núcleos urbanos desde finales del siglo XIX, el conjunto de las elecciones
de la Segunda República habían puesto de manifiesto la hegemonía de la
izquierda obrera y republicana y las esperanzas depositadas por las clases
trabajadoras en las reformas de los gobiernos del primer bienio y del Frente
Popular. La implantación del republicanismo y los movimientos sociales
de izquierda en nuestra tierra junto al temor de las oligarquías agrarias andaluzas
a perder su hegemonía y la pervivencia del viejo orden social ante
el reformismo de la República fue suficiente para que los andaluces leales
al régimen republicano o sospechosos de ser contrarios al levantamiento
militar fueran el blanco de una durísima represión a todos los niveles, que
alcanzó desde los inicios del golpe militar unos niveles de brutalidad, venganza
y ensañamiento realmente sobrecogedores 8 .
¿Quién denunciaba en Andalucía y por qué razones? El inicio de todo
expediente implicaba denuncias previas que podían proceder de los Tribunales
Militares, del Tribunal Especial de Represión de la Masonería y
el Comunismo (TERMC) en el caso de los masones, de las autoridades
militares y civiles, de la Falange, de los propios Tribunales de Responsabilidades
Políticas o de cualquier particular. En el caso andaluz, las denuncias
procedieron mayoritariamente de la Guardia Civil, de los alcaldes franquistas
y de los Tribunales Militares. El mayor porcentaje de denuncias
está en el haber de la Guardia Civil –55%– que lo hacía de oficio tras la
delación de su red de confidentes o una vez que habían recibido la comunicación
de los fallos de los tribunales militares. Los alcaldes y presidentes
de las Comisiones Gestoras franquistas mostraron todo su celo en
denunciar a sus vecinos izquierdistas para que fueran sancionados. Más
del 20% de las denuncias proceden directamente de los alcaldes, ansiosos
de hacer méritos ante los nuevos gobernantes. Era preceptivo que los
8
F. Véase COBO ROMERO (ed.), La represión franquista en Andalucía. Balance historiográfico,
perspectivas teóricas y análisis de resultados. Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, 2012.
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