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LAS HERIDAS DEL PASADO SE CURAN CON MÁS VERDAD
rada del franquismo que llevó a autores como el ya mencionado Pío Moa
a ejercicios de difícil sostén historiográfico como los de colocar a los vencedores
de la Guerra Civil en posición de víctimas o a trivializar los rasgos
represivos del régimen franquista, ejercicios para los que, como es también
conocido, contará con el aval político y el respaldo mediático de los grupos
de la derecha política y social española.
A esta postura había que sumar, en los inicios del siglo XXI, la presión
social que comenzaron a ejercer la generación de los denominados “nietos
de la guerra” y las asociaciones cívicas de recuperación de la Memoria Histórica
a las que ya se ha hecho referencia en el apartado anterior. También
habría que añadir la presión que ejercerá en estos años la izquierda política
española, liderada inicialmente por IU y CCOO, focalizada en la necesidad
de rescatar el recuerdo de las víctimas y de hacerle justicia. Con ello se
perseguía políticamente, no sólo un reconocimiento moral de las víctimas,
sino también destacar y reivindicar el papel jugado por la izquierda política
y sindical en la lucha contra la dictadura y en la génesis del retorno de la
democracia a España, derivándose, dicho sea de paso, argumentos para
una interpretación del proceso de transición en España menos política y
más social, “donde ninguna conversión –se afirmaba– hubiera sido posible sin
el sueño y la entrega de generaciones enteras de españoles que lucharon contra
quienes aspiraban a un poder construido sobre la eliminación del adversario,
de su identidad física y de su huella intelectual” 21 .
El resultado de todo ello es que la posición “inmovilista” de la derecha
política en el poder tuvo que ceder en cierta medida ante la presión política
y social. En noviembre de 2002 la Comisión Constitucional del Congreso
de los Diputados acordó, por unanimidad, la condena de la dictadura franquista
y prometió el apoyo económico a los familiares de los republicanos
asesinados en su empeño de abrir fosas y darles un entierro digno, algo
que, sin embargo, quedaría finalmente en papel mojado, ya que el Gobierno
se negó después a facilitar los recursos prometidos. Pese a todo, la citada
resolución de 20 de noviembre de 2002 constituye un hito político, ya
que reconocía explícitamente la necesidad del reconocimiento moral de las
víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, hacía una condena explícita del
uso de la violencia política, pedía la puesta en marcha de medidas urgentes
21
Recuperación de una “memoria necesaria” vinculada a la izquierda política a la que se sumará,
en otro orden de cosas y con un argumentario algo diferenciado, algunas opciones nacionalistas
–especialmente las independentistas vascas– que venían a incidir en estos años en que la falta
de atención al pasado ponía en tela de juicio el carácter democrático del régimen político de la
transición, habida cuenta de la supuestas permanencias en el nuevo régimen de instituciones y
personas vinculadas con el pasado, especialmente en el ámbito de las Fuerzas de Seguridad del
Estado.
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