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LA MEMORIA DE TODOS
República en busca de víveres, vehículos, ganado, caballerías y utensilios
necesarios para el ejército, y en otros por desaprensivos que, valiéndose del
descontrol del momento, se dedicaron al saqueo de las propiedades de la
gente de izquierda. Asimismo resulta imposible cuantificar las confiscaciones
derivadas de los bandos, órdenes y decretos. Las lagunas documentales
existentes en gran parte de los más de 10.500 expedientes de incautación
de bienes –de algunos sólo se tienen referencias incompletas de los Boletines
Oficiales de las Provincias– impiden hacer una valoración ajustada
de su dimensión. En cualquier caso, si nos atenemos a las declaraciones
de las propias Comisiones Provinciales de Incautación de Bienes cuando
se mostraban incapaces de contabilizar lo incautado, podemos deducir
que, abierto un expediente de incautación y recabados los informes sobre
la trayectoria sindical y política de los encausados, se procedía por regla
general a embargar provisionalmente e incautar los bienes si las informaciones
de la Guardia Civil, el alcalde y vecinos de “orden” atestiguaban su
vinculación a sindicatos y partidos de izquierda o se les achacaba resistencia
al Movimiento Nacional. Es frecuente encontrar en los expedientes
resoluciones del siguiente tenor: “Examinadas las precedentes actuaciones
y considerando comprendido en el bando de la Comandancia Militar de
esta plaza […]se acuerda la intervención de sus bienes de todas clases y
para que se haga constar esta intervención en el registro de la propiedad
en lo que respecta a los inmuebles expídase mandamiento por duplicado
con los insertos necesarios al señor registrador de la propiedad y para que
tenga lugar la intervención ofíciese al Comandante de puesto de la Guardia
Civil de …”.
La Comisión Provincial de Málaga, creada el 1 de marzo de 1937, señalaba
en la memoria emitida el 24 de noviembre de 1937que en ese momento
calculaba el número de expedientes en más de mil pero tenía problemas
a la hora de calcular el volumen total ya que “no todos los instructores han
dado oportuna cuenta de los expedientes que incoaron antes del decreto
de 10 de febrero de 1937”. Lo que no tenía duda alguna era del valor de
lo incautado pues constaban unos ingresos a disposición de la Comisión
Central de “dos millones seiscientas noventa y tres mil trescientas nueve
pesetas con cincuenta y siete céntimos (2.693.309, 57)». Un considerable
volumen de dinero al que había que sumar el valor de las fincas incautadas
y abandonadas, «estas últimas, [señalaba] numerosísimas en la provincia»..
Los partidos, los sindicatos, cooperativas obreras, periódicos y logias
masónicas fueron de los primeros en sufrir las confiscaciones en las zonas
ocupadas por los militares rebeldes. Tales incautaciones se produjeron inmediatamente
y de una manera generalizada tras el decreto 108 de 13 de
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