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LA MEMORIA DE TODOS
indirectamente a debilitar o suprimir la idea y el sentido de la Patria o
su unidad”; o el decreto de 13 de septiembre de 1936 del general Miguel
Cabanellas, presidente de la Junta de Defensa Nacional, que declaró fuera
de la Ley a todas las organizaciones integrantes del Frente Popular y situó
el origen de los males de la Patria en fechas remotas, indeterminadas, anteriores
al 18 de julio de 1936. A punto de terminarse la Guerra, los redactores
de la Ley de Responsabilidades Políticas, conscientes de la necesidad
de justificar la dura represión desencadenada y legitimar el golpe militar,
extendieron la responsabilidad a todos los que contribuyeron desde el 1º
de octubre de 1934 –carácter retroactivo de la ley– “con actos u omisiones
graves a forjar la subversión roja, a mantenerla viva durante más de dos
años y a entorpecer el triunfo providencial e históricamente ineludible del
Movimiento Nacional”.
Cuantos más fueran los que aparecían como los causantes de los males
de la patria mejor justificaban el golpe militar. De ahí que se extendiera a
17 los supuestos por los que se podía procesar, se extendiera hasta menores
de 14 años, y se estipulara que por los fallecidos pagaban sus familiares,
hermanos, esposas o hijos. Ello llevó a la incoación de cerca de 300.000
expedientes en toda España. Si ya de por sí las Comisiones Provinciales de
Incautación de Bienes estaban colapsadas para resolver todo lo incautado,
con la apertura de los nuevos expedientes impulsados tras la Ley de Responsabilidades
Políticas fue tal la avalancha de expedientes que los tribunales
fueron incapaces de resolver. Al ritmo que llevaban hubiera tardado
unos 15 años en dar resolución a los expedientes.
¿Cuándo empezaron las incautaciones en Andalucía? Según las conclusiones
de nuestra investigación 3 se puede afirmar que los primeros saqueos,
3
El proyecto de investigación sobre las actuaciones de los Tribunales de Responsabilidades
Políticas en Andalucía (1936-1945) ha sido financiado por la Junta de Andalucía desde las
diversas Consejerías que han tenido la competencia en materia de Memoria Histórica. El
equipo investigador ha estado coordinado desde la Universidad de Almería por Fernando
Martínez López, Maribel Ruiz García y Rubén Mirón González, ha tenido uno o varios coordinadores
por cada una de las universidades andaluzas y ha estado integrado por : Diego Caro
Cancela y Manuel Sánchez Estrada por la Universidad de Cádiz; Antonio Barragán Moriana,
Francisco Durán Alcalá, José Luis Casas Sánchez, Manuel Vacas y Carmen Aguilera por la Universidad
de Córdoba; Miguel Gómez Oliver y Mary Paz Quesada Martos por la Universidad
de Granada; Encarnación Lemus López, Cristóbal García García, Juan Ignacio González Orta
y Pedro Feria Vázquez por la Universidad de Huelva; Salvador Cruz Artacho y Alma Gómez
Contreras por la Universidad de Jaén; Miguel Tello Ruiz, Pilar Morales Fernández, Carlos Alonso
Moreno y Miguel Ángel Melero Vargas, bajo la coordinación de Fernando Arcas Cubero y
Manuel Morales Muñoz, por la Universidad de Málaga; Leandro Álvarez Rey, Ángeles González
Fernández, María del Carmen Fernández Albéndiz y Antonio López Villa por la Universidad
de Sevilla; Manuel González de Molina, Antonio Herrera González de Molina y Alberto
Martínez Sánchez por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla; Fernando Martínez López,
Maribel Ruiz García, Rubén Mirón González, Carmen González Canalejo, María Dolores Ji-
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