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LA MEMORIA DE TODOS
sobre los juicios relacionados con la Guerra Civil. Y, por contra, caducó sin
ser debatida una proposición no de ley de IU sobre reconocimiento a los
guerrilleros antifranquistas, los maquis.
A partir de la Séptima Legislatura (2000-2004) se produce un cambio
cualitativo en el sentido y el contenido de las iniciativas parlamentarias
relacionadas con la Memoria Histórica, lo que viene a coincidir con el
estallido de la “rebelión de los nietos” o “nietos de la guerra”. Hasta entonces,
las peticiones de los grupos parlamentarios se habían concentrado en
demandas de contenido económico para los diferentes colectivos afectados
por la Guerra Civil y la dictadura, pero a partir de esta segunda legislatura
bajo mandato del PP, las iniciativas se orientan hacia el reconocimiento
de la dignidad y el honor, la reparación moral, el desagravio público y la
recuperación de la Memoria Histórica.
En 2001 el Pleno del Congreso de los Diputados rechazó una proposición
no de ley que condenaba el alzamiento militar del 18 de julio
de 1936, con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios y con la
determinante oposición del Popular, que disfrutaba de una cómoda mayoría
absoluta en la Cámara Baja. Dos iniciativas propusieron convertir el
Valle de los Caídos en un centro de homenaje a las víctimas. Otras dos, la
anulación de los juicios sumarios y la revisión de las sentencias de los fusilados
durante la dictadura por motivos políticos y de conciencia. A partir
del año 2000, catorce iniciativas parlamentarias (particularmente de los
grupos Izquierda Unida, Mixto y Socialista) propusieron incrementar las
cuantías percibidas por los distintos afectados, ampliar los supuestos que
daban derecho a la percepción de pensiones o eliminar su tributación en el
IRPF. Ninguna de ellas fue aprobada, dado el rechazo a las propuestas por
parte del Partido Popular de Aznar, con su mayoría absoluta aplicando el
“rodillo parlamentario”.
Así fue hasta que finalmente prosperó la anteriormente referida proposición
no de ley del 20 de noviembre de 2002 en la Comisión Constitucional
del Congreso de los Diputados, que proclamó el reconocimiento moral
hacia todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la Guerra Civil
española y de cuantos padecieron más tarde la represión de la dictadura.
Probablemente el PP, que había prometido en su campaña electoral un
“giro al centro”, no pudo resistirse más al emergente movimiento memorialista
y cedió con este acuerdo de alto contenido político que trascendía
de la simbología política gestual. Sin embargo, en la práctica esta histórica
declaración quedaría vacía de contenido y no tendría trascendencia alguna
en cuanto a satisfacer los objetivos del movimiento para la recuperación de
la Memoria Histórica.
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