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LA MEMORIA DE TODOS
políticas (6.287) fuera proporcionalmente la más elevada de Andalucía alcanzando
a cerca de 27 de cada mil almerienses mayores de 14 años.
Dado que la represión económica afecta fundamentalmente a las familias,
podemos concluir, tomando como referencia el censo de 1940, que aproximadamente
56 de cada mil familias andaluzas sufrieron la represión por
responsabilidades civiles y políticas. Ahora bien, conviene precisar que hubo
personas a las que se abrió un doble expediente, uno de incautación de bienes
y otro de responsabilidades políticas. Esto sucedió por regla general cuando
los de incautaciones de bienes aún no se habían resuelto definitivamente al
finalizar la guerra y los Tribunales de Responsabilidades Políticas hubieron de
heredarlos para fallar definitivamente sobre ellos o ajustar las cuantías económicas
correspondientes. Cerca de 3.000 andaluces, tras ser sometidos a los
procesos de incautaciones, se vieron envueltos en nuevas incoaciones, nuevos
informes de las autoridades franquistas o en ajustes dinerarios respecto a la
valoración de los bienes incautados durante el periodo de guerra.
El impacto de la depuración de responsabilidades civiles y políticas fue diferente
según el tamaño de los núcleos de población. En las grandes ciudades
andaluzas, donde se pasa más desapercibido y se conoce por regla general a los
dirigentes políticos y sindicales, el número de encausados es ostensiblemente
menor a la media andaluza. Por tanto, el efecto de esta represión en las ciudades
fue inadvertido, silencioso, salvo para los que la sufrieron, los afectados
y sus familiares. En poblaciones medias de 6.000 a 30.000 habitantes el porcentaje
es inferior a la media andaluza con 14 expedientes por cada mil habitantes
mayores de 14 años. No obstante se puede constatar que en las provincias
de Almería, Córdoba, Granada y Jaén los grandes pueblos superan los
21 expedientes por cada mil habitantes en edad penal, llegando las provincias
de Almería y Jaén a estar en 24 expedientes por cada mil mayores de 14 años.
Destacan entre ellos Alcalá la Real, Porcuna, Bujalance, Baza, Adra y Guadix.
Sin embargo el mayor impacto lo sufrieron las poblaciones pequeñas de
menos de 6000 habitantes donde prácticamente todos se conocían. Los alcaldes,
los comandantes de puesto de la Guardia Civil, las redes de confidentes
de todos ellos pusieron todo su celo para que ningún sospechoso de
defender la causa republicana quedara sin denunciar, alcanzando la represión
económica de estos pueblos una media superior a 20 personas por cada mil
habitantes en edad penal. El análisis de las incoaciones de expedientes de los
804 pueblos de Andalucía cotejados con el censo de 1940 pone de relieve
que en los municipios pequeños de Almería, Córdoba, Granada y Jaén la
represión económica afectó a 30 personas de cada mil habitantes mayores de
14 años, mientras que en el resto de provincias andaluzas, en la misma tónica
que datos anteriores, sólo a once personas de cada mil.
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