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LA MEMORIA DE TODOS
Las Comisiones Provinciales de Incautación de Bienes incoaron cerca de
11.000 expedientes conocidos en las provincias de Cádiz, Huelva, Sevilla,
Málaga, y una parte de Córdoba, Granada y Jaén. Se abrieron expedientes
a partidos y sindicatos proscritos, sociedades obreras, centros culturales,
cooperativas populares, prensa, patronatos de casas y especialmente a todas
aquellas personas que aún en silencio se sospechase que podían simpatizar
con la causa de la República. Las diligencias instruidas en Andalucía solían
justificar la intervención total o parcial de bienes y los embargos en base a
conceptos como “pésimos antecedentes”, “socialista peligroso”, “haber actuado
de modo directo e inmediato en los partidos políticos marxistas”, “hallarse huido”,
“haber contribuido eficazmente al triunfo del Frente Popular” o cuando
se trata de las mujeres en base “a ser más empedernida en las ideas socialistas
que su propio marido” o “ de ideario izquierdista como toda su familia”, etc..
El cúmulo de incautaciones y la diversidad de las mismas –fincas urbanas
y rústicas, enseres y muebles de las viviendas, semovientes (animales
de corral, carga y tracción), cooperativas de casas de obreros, logias masónicas,
rotativas y locales de periódicos, sedes de sindicatos y partidos,
centros culturales, créditos, etc.–, desbordó a las Comisiones Provinciales
que, incapaces por falta de medios y personal de inventariar y administrar
los bienes, se quejaron de no poder determinar el volumen ni la cuantía de
los fincas rústicas y urbanas incautadas. La comisión provincial de Málaga
apuntaba que las fincas abandonadas por los rojos en su huida eran numerosísimas.
La Comisión Provincial de Sevilla señalaba en 1939 que “no
era posible determinar el volumen de los bienes incautados ya que en los
respectivos expedientes no constaba el valor de los mismos, una gran mayoría
consistente en pequeñas parcelas de terrenos de todas las clases y muchas
fincas urbanas. [Y añadía] Existe un gran número de expedientados a
los que se les ha incautado un capital considerable representado en fincas
rusticas y urbanas sin que tampoco se pueda determinar su cuantía” 5 . La
delación y el clima generalizado de “caza del rojo” se instauraron en las
ciudades y en cada uno de los pueblos andaluces en función del propio
proceso de incoación de expedientes. Un juez instructor, jefe u oficial del
ejército o funcionario de carrera nombrado por la Comisión Provincial, tenía
la potestad de decretar el embargo de los bienes de los encausados que
bien habían sido fusilados, estaban en la cárcel, en exilio o en el ejército de
la República. Simultáneamente recababa informes del alcalde franquista
del pueblo, de los miembros de la Comisiones Gestoras, del comandante
5
Libro de Actas de la Comisión Provincial de Incautación de Bienes, 1937-1939. Archivo Histórico
Provincial de Málaga (AHPMa). Asimismo M. ÁLVARO DUEÑAS, “Por el ministerio de la ley …”,
pp. 665-681.
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