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LA MEMORIA DE TODOS
locales y en otras áreas del Estado como el servicio de Correos y Telégrafos
o los ferrocarriles.
Como las depuraciones ya habían empezado en los primeros meses de
la guerra, con esta nueva norma legal, la dictadura pretendía alcanzar tres
objetivos: “1) asegurar que todos los funcionarios pasaban por ese tamiz
político, que antes había sido un tanto aleatorio y desordenado, sobre todo
en algunos cuerpos; 2) urgir aquellas depuraciones para poder sustituir a
los sancionados –aparte muertos y exiliados–, y recomponer las estructuras
del Nuevo Estado; y 3) controlar mejor desde el Gobierno este proceso que
se mantendría abierto hasta 1975” 5 .
La ley establecía la apertura de procesos de investigación sobre la conducta
seguida por los funcionarios en relación al “Movimiento Nacional”,
lo que les obligaba a presentar ante la Jefatura Provincial del Cuerpo al
que pertenecían o ante el Ministerio, una declaración con todos sus datos
personales y profesionales y su situación y destino el 18 de julio. También
si prestó su adhesión al “Movimiento” o “al gobierno marxista o a algunos
de los autónomos o a las autoridades rojas” y “si lo hizo por coacción”.
Asimismo tenían que declarar si habían estado afiliados a partidos o entidades
sindicales o si habían pertenecido a la masonería y los testigos o
documentos que pudieran corroborar la veracidad de lo que afirmaban.
Como bien ha escrito Yolanda Blasco, no eran pues “delitos tipificados” los
que se pretendían perseguir, sino “conductas que buscan averiguar las ideas
y convicciones de los funcionarios” 6 .
Las sanciones que podían imponerse a los funcionarios incursos en responsabilidades
administrativas eran: traslado forzoso, con prohibición de
solicitar cargos vacantes de uno a cinco años; postergación, desde uno a
cinco años; inhabilitación para el desempeño de puestos de mando o de
confianza y separación definitiva del servicio. Las tres sanciones podían
imponerse aislada o conjuntamente según el caso y los ministerios podían
designar para cada uno de los Cuerpos que de él dependían a uno o varios
instructores.
Esta Ley de depuración de 1939 fue desarrollada por numerosas disposiciones
para los diversos sectores. Por ejemplo, una orden del 12 de
marzo de 1939 la regulaba para los empleados y dependientes de la Administración
Local, de las Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos, Mancomunidades,
Cabildos Insulares y entidades locales menores, y establecía
que tramitado el expediente, estas entidades locales y provinciales decidían
5
Ibídem., p. 37.
6
Ibídem.
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