La-Memoria-de-todos-las-heridas-del-pasado-se-curan-con-más-verdad

La muerte del dictador Franco en noviembre de 1975 iba a desencadenar
una serie de procesos políticos que conducen al período de la transición
democrática y, con ello, al desmantelamiento de algunas de las instancias
más contestadas desde el punto de vista social y político y, lógicamente,
entre ellas la jurisdicción de Orden Público que es suprimida mediante
R.D. 2/77 de 4 enero (BOE 5-I-1977) que hace desaparecer el tribunal
y el juzgado de orden público; posteriormente la nueva Ley 1/77 para
la Reforma Política y sobre todo el Real Decreto-Ley 1/1977 que creaba
la Audiencia Nacional que, en adelante se hacía cargo de los delitos de
terrorismo anteriormente residenciados en la jurisdicción militar, cierran
el ciclo de vigencia de esta jurisdicción especial que, durante 12 años, ha
intentado enjuiciar y reprimir “delitos” que, paradójicamente, no son sino
la otra cara del ejercicio de las libertades que caracterizan a cualquier estado
de derecho. En definitiva, la jurisdicción de orden público fue un instrumento
más del aparato represivo de la dictadura que durante los doce años
de su vigencia intentó juzgar y, en la medida en que pudo, condenar una
amplia gama de las actividades políticas protagonizadas por la oposición
a la dictadura; nacida en una coyuntura compleja y que coincide con un
cierto despertar y despliegue de las fuerzas políticas y sindicales antifranquistas,
no cabe duda, de que cumplió en nuestra región y en el conjunto
del país un papel político represivo de primer orden que, sin embargo,
pese a la intensidad de su actuación como se expresa en el hecho de que,
precisamente, los dos últimos años de su vigencia sean los que presenten
un mayor número de expedientes incoados, 1975 (4.317) y 1976 (4.795),
estuvo lejos de poder evitar la descomposición progresiva del régimen dictatorial
surgido del triunfo de Franco en la Guerra Civil.