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3.2. Las Políticas de Memoria en Andalucía Carmen Fernández Albéndiz 1 F. Javier Giráldez Díaz 2 Desde hace una década se están llevando a cabo iniciativas para desarrollar una política pública de memoria en Andalucía. Ayuntamientos, diputaciones, entidades sin ánimo de lucro, universidades, sindicatos y, sobre todo, la Junta de Andalucía han desarrollado una labor continuada desde finales de los años noventa, coincidiendo con el auge del movimiento memorialista en España. Concretamente, en este artículo pretendemos recoger las actuaciones más relevantes llevadas a cabo por los distintos gobiernos autonómicos andaluces entre el año 2000 y enero de 2013. Tratamos por tanto, de hacer un balance de lo hecho desde un punto de vista cuantitativo que nos permita establecer de un modo aproximado cuales han sido los aciertos e impulsos de estas iniciativas y cuales las contradicciones. Entre los aciertos de la administración autonómica debemos destacar la política de indemnizaciones a expresos y a las mujeres vejadas por el franquismo, la convocatoria de subvenciones para proyectos e iniciativas memorialistas o las colaboraciones con diferentes entidades e instituciones públicas. Entre las carencias debemos apuntar las contadas exhumaciones de fosas realizadas con la colaboración de la Junta de Andalucía, con la salvedad de algunas actuaciones puntuales, como pueden ser por ejemplo: 1 Universidad de Sevilla 2 Dr. U. de Sevilla - 239 -
LA MEMORIA DE TODOS la exhumación de la fosa de San Rafael de Málaga, la exhumación de la fosa de Sierro en Almería o de las 17 rosas de Guillena en Sevilla. 1. La política de indemnizaciones de la Junta de Andalucía El camino hacia el desarrollo de una política de memoria por parte de la Junta de Andalucía se inició los días 16 y 17 de junio de 1999 cuando el pleno del Parlamento de Andalucía aprobó en sesión ordinaria la proposición no de ley en pleno 5-98/PNLP-12636, relativa a la concesión de indemnizaciones a expresos y represaliados políticos que no resultaron favorecidos con las indemnizaciones fijadas en la ley general de Presupuestos del Estado de 1990 (D.A. 18ª de la Ley 4/1990, de 29 de junio). Esta proposición no de ley, profundamente debatida en el pleno del Parlamento, marcaría el camino de las iniciativas legislativas que el Gobierno andaluz desarrollaría a partir de ese momento en relación con las políticas de reparación a las víctimas y familiares de la represión franquista. En dicha proposición, el Parlamento andaluz instaba al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, entre otras cosas, a lo siguiente: Elaborar, en colaboración con el Defensor del Pueblo andaluz, en un plazo no superior a tres meses, un estudio sobre los andaluces que sufrieron prisión como consecuencia de los supuestos contemplados en la ley 47/77, de 15 de octubre, y que no resultaron favorecidos por lo dispuesto en la disposición adicional decimoctava de la ley general de Presupuestos del Estado para 1990 (Ley 4/90, de 29 de junio), por cumplir cualquiera de los requisitos establecidos en ella. (…)Habilitar presupuestariamente los créditos necesarios, tanto para el pago de las indemnizaciones derivadas de la entrada en vigor del citado decreto como para atender el incremento de gasto que se pueda originar como consecuencia de la tramitación de los correspondientes expedientes de concesión. A partir de aquí se fueron desarrollando una serie de decretos de carácter compensatorio por medio de los cuales más de 2.400 andaluces que pasaron por las cárceles franquistas pudieron ser indemnizados/as. Los datos referentes al número de beneficiarios y las cantidades pagadas pueden consultarse en la tabla que presentamos a continuación (tabla de elaboración propia, que toma como referencia los datos facilitados por el Comisariado para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Junta de Andalucía en marzo de 2012): - 240 -
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