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LA MEMORIA DE TODOS
motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualesquiera tribunales
u órganos penales o administrativos durante la dictadura.
5. Símbolos y monumentos públicos.- Las administraciones tomarán
las medidas oportunas, incluida la retirada de subvenciones
públicas, para la retirada de escudos, insignias, placas u otros objetos
o menciones conmemorativas de exaltación de la sublevación
militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura.
Se excluyen las menciones que sean de estricto recuerdo privado
sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones
artísticas o artístico-religiosas protegidas por la ley.
6. Valle de los Caídos.- Se prohíben los actos de naturaleza política
ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas o del franquismo
en este recinto.
7. Indemnizaciones.- La Ley prevé el derecho a una indemnización
en favor de todas aquellas personas que perdieron la vida en defensa
de la democracia y que no habían recibido la compensación
debida.
8. Fosas comunes.- La administración facilitará a los interesados que
lo soliciten las tareas de localización y, en su caso, identificación
de los desaparecidos, algunos aún en fosas comunes.
9. Información histórica sobre la Guerra Civil.- Con el fin de facilitar
la recopilación el acceso a esta información se refuerza el papel
del Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca, integrándolo
en el Centro Documental de la Memoria Histórica, también
con sede en la ciudad castellana.
10. Adquisición de la nacionalidad española.- Se amplía esta posibilidad
a los descendientes hasta el primer grado de quienes perdieron
la nacionalidad española por el exilio a consecuencia de la
Guerra Civil o la Dictadura.
Con la Ley aprobada, se abrió un compás de espera para reglamentar
el desarrollo de su articulado, una espera que se hizo demasiado larga para
los agentes sociales relacionados con la recuperación de la Memoria Histórica,
principalmente las asociaciones, que denunciaron varias veces la
tardanza en su aplicación práctica. Salvo el Decreto 710/2009 de 17 de
abril que determinaba indemnizaciones a ex presos sociales, encarcelados
por su condición homosexual, hubo que esperar un año a que el Gobierno
retomase el compromiso de desarrollar la ley. Consciente de la división y
de la crispación social que suscitaba el debate memorialista, el Gobierno y
el PSOE decidieron aparcar el asunto durante la larga campaña electoral
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