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LA MEMORIA DE TODOS
contra el “maquis” o los centenares de andaluces privados de libertad
por el Tribunal de Orden Público constituyen ya datos suficientemente
elocuentes –a completar con nuevas investigaciones– del alcance que tuvo
la violencia política en Andalucía durante el franquismo.
Los gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía no han mirado para
otro lado ante la magnitud del exterminio. Desde el año 2001 han venido
desarrollando decretos y normas pioneras destinadas al reconocimiento
institucional y la recuperación de la dignidad de los andaluces y andaluzas
víctimas de la Guerra Civil y la posguerra. No obstante, Andalucía
requiere una legislación propia que profundice en las iniciativas realizadas
e incorpore nuevos aspectos que den rango de Ley a lo que
por justicia corresponde a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad
andaluza en su conjunto. Una Ley de Memoria Democrática entendida
como compromiso ciudadano, ético y moral en pro del reconocimiento
público de quienes arriesgaron su vida, de quienes la perdieron o fueron
privados de su libertad y de sus bienes, y hasta de su propia historia y biografía
personal por defender la libertad y la democracia. Una Ley cuyos
pilares centrales han de ser: el derecho de las víctimas y el conjunto de la
sociedad andaluza a conocer la verdad, a saber qué ocurrió, el derecho a
la justicia o el deber de combatir la impunidad de los responsables de las
violaciones de los derechos humanos y el derecho de las victimas a ver
reparadas las consecuencias de las violaciones de los derechos humanos
que padecieron.
Junto a todo ello es preciso construir un relato de nuestro pasado que
abandone los planteamientos tradicionales de “todos fuimos culpables” o
aquellos otros de claro sesgo revisionista sobre la necesidad de la equidistancia
y la responsabilidad compartida, poco rigurosos con la génesis y las
causas de la Guerra Civil, y centre su discurso en la destrucción de la democracia
y de los demócratas. Como señalan los avances de la investigación
histórica en los últimos años, la Guerra Civil y la represión posterior fueron
la culminación de un proceso que puso fin a la democracia, protagonizado
por un sector del ejército y de la sociedad española que se oponían no solo
a la continuidad de la Segunda República y su programa de reformas sino
también a la cultura democrática que había arraigado en la ciudadanía española
y andaluza desde finales del siglo XIX. Un comportamiento antidemocrático
que se manifestó, una vez acabada la Guerra Civil, en la represión
sistemática y a conciencia de la posguerra y se mantuvo hasta el momento
mismo de la muerte del dictador con los fusilamientos de 1975.
La recuperación de la Memoria Histórica ha de convertirse, en
suma, en la construcción de un relato que, nutrido del discurso his-
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