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LAS HERIDAS DEL PASADO SE CURAN CON MÁS VERDAD
impulsados por legionarios y regulares en las comarcas de Andalucía occidental,
se produjeron desde los primeros momentos de la sublevación
militar a la par que se producían los asesinatos de conocidos representantes
de las fuerzas sindicales y políticas de la izquierda. El carácter indiscriminado
de los saqueos, especialmente los perpetrados por la columna de
Castejón en Morón de la Frontera que afectaron incluso a familias de derechas,
aconsejó al general Queipo de Llano a dictar una batería de bandos
de “confiscación de bienes a rebeldes y marxistas” y de intervención de
créditos de empresas radicadas en Cataluña que se inició el 18 de agosto y
culminó el 29 de diciembre de 1936. Especial referencia merece el edicto
de confiscación de bienes de 11 de septiembre de 1936 que fue utilizado
como el principal instrumento confiscador en las provincias occidentales
de Andalucía ocupadas por los militares sublevados contra la República en
los primeros meses de la guerra. Solamente en Huelva se llegaron a dictar
unos 707 edictos de confiscación antes de la constitución de la Comisión
Provincial de Incautación de Bienes 4 . Del mismo modo se dictaron otros
similares por las autoridades militares de Granada entre el 24 de agosto y
mediados de noviembre de 1936, sirviendo de instrumento represivo para
achacar responsabilidades civiles y proceder a las incautaciones de bienes
en las provincias de Andalucía Oriental. Como hoy es bien sabido, los
bandos iban dirigidos contra todos los andaluces y andaluzas leales a la
República y contra quienes, de una u otra forma, los golpistas pudieran
llegar a sospechar que eran contrarios al levantamiento militar.
El decreto del general Cabanellas, de 13 de septiembre de 1936, puso
en marcha un mecanismo represivo en el que convergió el interés económico
inmediato con la voluntad política de no dejar ningún supuesto
responsable sin castigo. Constituyó a su vez el punto de partida de los
principales instrumentos de represión económica del Estado franquista: El
decreto de Franco de 10 de enero de 1937 con la creación de las Comisiones
Provinciales de Incautación de Bienes y la Ley de Responsabilidades
Políticas de 9 de febrero de 1939 con la constitución de los Tribunales de
represión económica.
ménez Martínez, Pedro Martínez Gómez, Esther Carmona Samper, Juan Francisco Colomina
Sánchez, Óscar Rodríguez Barreira, Sofía Rodríguez López, Rocío García Martínez, Manuela
Esteban Granados, María José Molina Serrano, Francisco Gil Martínez, Clara Sánchez Caballero
y Gabriel Maldonado López por la Universidad de Almería. Esta síntesis es el resultado
del esfuerzo de todos y todas ellas, recogiendo, revisando y analizando los expedientes y boletines
de los archivos judiciales, provinciales, locales y nacionales. A todos ellos queremos
agradecer desde estas páginas su colaboración.
4
Bandos y órdenes dictados por el Excmo. Señor D. Gonzalo Queipo de Llano y Sierra. General jefe
de la Segunda División Orgánica y del ejército del Sur. Sevilla, 1937, pp. 15-16, 30-31.
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