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LA MEMORIA DE TODOS
no se recataría de poner en marcha una planta judicial diversa en la que
el control político e ideológico de los tribunales en sus diversas instancias
(jueces, fiscales, magistrados, etc.), las pretensiones ejemplarizantes de las
diversas jurisdicciones, la brevedad y celeridad de los procesos, la arbitrariedad
en las actuaciones de unos jueces que están lejos de la independencia
y que son designados por el poder político, están en el día a día del
funcionamiento de la justicia. Más atrás hemos tenido ocasión de analizar
los contenidos, características e impacto de otras jurisdicciones políticas
(responsabilidades políticas, represión de la masonería y el comunismo, de
represión del bandidaje y terrorismo) en nuestra región. Llegamos ahora
a analizar, a grandes rasgos, lo que significaría la jurisdicción de orden
público en Andalucía.
El tránsito desde la jurisdicción militar a la de Orden Público en materia
de controlar y juzgar lo que la dictadura consideraba como “delitos
políticos” producido hacia finales de 1962 estuvo, principalmente, condicionado
en todo el Estado por los graves acontecimientos sociales y
políticos ocurridos en aquella conflictiva y turbulenta coyuntura. Como
ha señalado J.J. del Águila, la intensidad y frecuencia de la conflictividad
terminaron persuadiendo a ciertos sectores del franquismo para plantear la
conveniencia de reducir de forma progresiva el protagonismo que la jurisdicción
militar venía desarrollando desde los momentos de la Guerra Civil,
como recogía la ley 154/63 de 2 de diciembre, en la medida en que debía
adecuarse a “la evolución de las circunstancias producidas y a la conveniencia
de acomodar las disposiciones punitivas y jurisdiccionales a los dictados de la
realidad social”. Esto no quiere decir que los consejos de guerra dejaran
de estar presentes para juzgar determinados “delitos y actividades políticas
subversivas”. De la misma forma, la disposición final 4ª de la nueva legislación
de orden público surgida ahora recogerá la supresión del tribunal para
la represión de la masonería y el comunismo que había sido creado poco
después de finalizar la Guerra Civil 2 .
La jurisdicción de orden público nace, pues, el 2-XII-1963 (Ley 154/63)
y no se extinguirá hasta bastantes meses después de la muerte del dictador,
en los albores de la transición democrática, en enero de 1977 (R.D. de 4-I-
1977) y Ley 1/77 que aprueba la Ley para la Reforma Política. La entrada
en vigor de esta nueva ley represora (154/63), coincidió, precisamente, con
la preparación de los “fastos” de la campaña de los “XXV años de Paz”, uno
2
Seguimos en la redacción de estas notas la obra importante de Juan J. DEL ÁGUILA, “El TOP.
La represión de la libertad (1963-1977)”, Barcelona: Ed. Planeta, 2001. Vid., además, la aplicación
de la jurisdicción de Orden Público en Andalucía en MARTÍNEZ FORONDA, Alfonso. “La
dictadura en la dictadura: detenidos, deportados y torturados en Andalucía durante el estado de
excepción de 1969”. Córdoba, Ed. El Páramo, 2011.
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