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LAS HERIDAS DEL PASADO SE CURAN CON MÁS VERDAD
Como era de esperar, este clima de interés y debate por la cuestión de
la recuperación de la Memoria Histórica se trasladó igualmente a otros
ámbitos del entramado político-administrativo del Estado español. En el
caso de Andalucía esto se materializó, tal y como se puede comprobar en la
información que se aporta en el apartado siguiente, en múltiples iniciativas
políticas y parlamentarias que se promovieron en estos años tanto en el
seno del Parlamento Andaluz como, y sobre todo, desde el Gobierno de la
Junta de Andalucía. Valga mencionar tan sólo a título de ejemplo la iniciativa
que se desplegará desde de la Consejería de Justicia y Administración
Pública de la Junta de Andalucía para la elaboración de un mapa de fosas
en Andalucía, en colaboración con las Asociaciones de Memoria Histórica
y el asesoramiento técnico y científico de las Universidades Andaluzas.
Finalmente, como ya se ha dicho, la Ley fue aprobada en el Congreso
de los Diputados el 31 de octubre de 2007. Años más tarde, en febrero de
2009, se constituyó la Comisión Técnica de Expertos de la Ley de la Memoria
Histórica, adscrita al Ministerio de Cultura a través de la Dirección
General de Bellas Artes y Bienes Culturales, y compuesta por profesionales
de diferentes especializadas científicas (Historia, Arquitectura y Artes)
procedentes de diferentes Comunidades Autónomas 22 . Su labor era la de
valorar la concurrencia de los supuestos establecidos en el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 31 de octubre de 2008, de razones técnicas, artísticas
o históricas para excepcionar de la regla general de retirada de todos
los símbolos franquistas existentes en bienes de interés cultural propiedad
de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos dependientes.
22
La composición de la Comisión era la siguiente: Presidente: José Jiménez Jiménez (Director
General de Bellas Artes y Bienes Culturales), Luis Lafuente Batanero (Subdirector General
del Patrimonio Histórico); como vocales: María Echenique Moscoso del Prado (Subdirectora
General de Contratación y Gestión Patrimonial de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Cultura), Severiano Hernández Vicente (Subdirector General de Archivos Estatales
del Ministerio de Cultura), María José Turrión García (Directora del Centro Documental
de la Memoria Histórica del Ministerio de Cultura); como expertos: Salvador Cruz Artacho
(Universidad de Jaén), Encarnación Lemus López (Universidad de Huelva), Ángela Cenarro
Lagunas (Universidad de Zaragoza), Manuel García Guatas (Universidad de Zaragoza), María
de los Ángeles Hernández Socorro (Universidad de La Laguna), Josefina Cuesta Bustillo
(Universidad de Salamanca), Juan Sisinio Pérez Garzón (Universidad de Castilla-La Mancha),
Carme Molinero Ruiz (Universidad Autónoma de Barcelona), Julián Cháves Palacios (Universidad
de Extremadura), Idoia Camiruaga Osés (Presidenta del Colegio de Arquitectos de Santiago),
Antonio Miramont Ruitort (Universidad de les Illes Balears), Julio Aróstegui Sánchez
(Universidad Complutense de Madrid), José Javier Maderuelo Raso (Universidad de Alcalá de
Henares) y Glicerio Sánchez Recio (Universidad de Alicante). Orden CUL/459/2009 de 19 de
febrero. BOE de 28 de febrero de 2009.
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