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LA MEMORIA DE TODOS
la exhumación de la fosa de San Rafael de Málaga, la exhumación de la
fosa de Sierro en Almería o de las 17 rosas de Guillena en Sevilla.
1. La política de indemnizaciones de la Junta de Andalucía
El camino hacia el desarrollo de una política de memoria por parte
de la Junta de Andalucía se inició los días 16 y 17 de junio de 1999
cuando el pleno del Parlamento de Andalucía aprobó en sesión ordinaria
la proposición no de ley en pleno 5-98/PNLP-12636, relativa a la
concesión de indemnizaciones a expresos y represaliados políticos que
no resultaron favorecidos con las indemnizaciones fijadas en la ley general
de Presupuestos del Estado de 1990 (D.A. 18ª de la Ley 4/1990,
de 29 de junio). Esta proposición no de ley, profundamente debatida
en el pleno del Parlamento, marcaría el camino de las iniciativas legislativas
que el Gobierno andaluz desarrollaría a partir de ese momento
en relación con las políticas de reparación a las víctimas y familiares de
la represión franquista. En dicha proposición, el Parlamento andaluz
instaba al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, entre otras
cosas, a lo siguiente:
Elaborar, en colaboración con el Defensor del Pueblo andaluz, en
un plazo no superior a tres meses, un estudio sobre los andaluces que
sufrieron prisión como consecuencia de los supuestos contemplados
en la ley 47/77, de 15 de octubre, y que no resultaron favorecidos
por lo dispuesto en la disposición adicional decimoctava de la ley
general de Presupuestos del Estado para 1990 (Ley 4/90, de 29 de
junio), por cumplir cualquiera de los requisitos establecidos en ella.
(…)Habilitar presupuestariamente los créditos necesarios, tanto
para el pago de las indemnizaciones derivadas de la entrada en
vigor del citado decreto como para atender el incremento de gasto
que se pueda originar como consecuencia de la tramitación de los
correspondientes expedientes de concesión.
A partir de aquí se fueron desarrollando una serie de decretos de carácter
compensatorio por medio de los cuales más de 2.400 andaluces
que pasaron por las cárceles franquistas pudieron ser indemnizados/as.
Los datos referentes al número de beneficiarios y las cantidades pagadas
pueden consultarse en la tabla que presentamos a continuación (tabla de
elaboración propia, que toma como referencia los datos facilitados por el
Comisariado para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Junta de
Andalucía en marzo de 2012):
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