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LAS HERIDAS DEL PASADO SE CURAN CON MÁS VERDAD
de cargos que le trasladaban al interesado en el término de diez días por
si éste quería efectuar el correspondiente descargo. Si no era localizado en
su domicilio, se le citaba por el Boletín de la provincia correspondiente y
si no comparecía se le consideraba oído. Una vez que la comisión realizaba
la propuesta motivada, ésta era remitida a la Comisión de Cultura y
Enseñanza que fijaba una sanción final que podía ser de tres tipos: la libre
absolución, confirmando en su cargo al funcionario, el traslado a otra localidad
o provincia y la separación definitiva del servicio, introduciéndose
más tarde dos nuevas categorías: la suspensión de empleo y sueldo por un
periodo de un mes a dos años y la jubilación forzosa del afectado, y la inhabilitación
para desempeñar cargos directivos y de confianza.
Con especial saña fueron tratados los maestros, que en unas normas
complementarias dictadas el 7 de diciembre de 1936 fueron considerados
individuos de “hordas revolucionarias” e “hijos espirituales de catedráticos
y profesores que a través de instituciones como la llamada Institución Libre
de Enseñanza, forjaron generaciones incrédulas y anárquicas, militaron en
los partidos del Frente Popular o sociedades secretas, o simpatizaron con
ellos” 4 .
Estas normas se dictaron al mismo tiempo que la violencia más salvaje
estaba produciendo una represión indiscriminada y arbitraria en la
que fueron asesinados no sólo centenares de docentes y funcionarios, sino
también miles de ciudadanos cuyo único “delito” había sido estar afiliado a
los partidos republicanos o apoyar al gobierno legítimo frente a los que se
sumaron al golpe militar del 18 de julio. Una represión en la que perdieron
la vida personalidades de la cultura como Federico García Lorca o el joven
catedrático y rector de la Universidad de Granada, Salvador Vila Hernández,
por poner dos ejemplos paradigmáticos.
Este sistema represivo y depurador la dictadura franquista lo quiso perfeccionar
con una nueva ley promulgada el 10 de febrero de 1939, una vez
que se había producido “la liberación de nuevos territorios, y especialmente
el de Barcelona” y que era presentada por sus promotores, “dentro del
espíritu de magnanimidad que informa toda la actuación de las Autoridades
nacionales”.
La Ley extendía su ámbito de aplicación a la generalidad de los funcionarios
públicos, entendiendo por tal a toda aquella “persona que desempeña
un empleo público”. Por tanto, sus efectos iban a desparramarse por
todos los ámbitos de la Administración, esto es, en el campo de la educación,
en los diversos ministerios, en las diputaciones y administraciones
4
Ibídem., p. 34.
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