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LAS HERIDAS DEL PASADO SE CURAN CON MÁS VERDAD rada del franquismo que llevó a autores como el ya mencionado Pío Moa a ejercicios de difícil sostén historiográfico como los de colocar a los vencedores de la Guerra Civil en posición de víctimas o a trivializar los rasgos represivos del régimen franquista, ejercicios para los que, como es también conocido, contará con el aval político y el respaldo mediático de los grupos de la derecha política y social española. A esta postura había que sumar, en los inicios del siglo XXI, la presión social que comenzaron a ejercer la generación de los denominados “nietos de la guerra” y las asociaciones cívicas de recuperación de la Memoria Histórica a las que ya se ha hecho referencia en el apartado anterior. También habría que añadir la presión que ejercerá en estos años la izquierda política española, liderada inicialmente por IU y CCOO, focalizada en la necesidad de rescatar el recuerdo de las víctimas y de hacerle justicia. Con ello se perseguía políticamente, no sólo un reconocimiento moral de las víctimas, sino también destacar y reivindicar el papel jugado por la izquierda política y sindical en la lucha contra la dictadura y en la génesis del retorno de la democracia a España, derivándose, dicho sea de paso, argumentos para una interpretación del proceso de transición en España menos política y más social, “donde ninguna conversión –se afirmaba– hubiera sido posible sin el sueño y la entrega de generaciones enteras de españoles que lucharon contra quienes aspiraban a un poder construido sobre la eliminación del adversario, de su identidad física y de su huella intelectual” 21 . El resultado de todo ello es que la posición “inmovilista” de la derecha política en el poder tuvo que ceder en cierta medida ante la presión política y social. En noviembre de 2002 la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados acordó, por unanimidad, la condena de la dictadura franquista y prometió el apoyo económico a los familiares de los republicanos asesinados en su empeño de abrir fosas y darles un entierro digno, algo que, sin embargo, quedaría finalmente en papel mojado, ya que el Gobierno se negó después a facilitar los recursos prometidos. Pese a todo, la citada resolución de 20 de noviembre de 2002 constituye un hito político, ya que reconocía explícitamente la necesidad del reconocimiento moral de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, hacía una condena explícita del uso de la violencia política, pedía la puesta en marcha de medidas urgentes 21 Recuperación de una “memoria necesaria” vinculada a la izquierda política a la que se sumará, en otro orden de cosas y con un argumentario algo diferenciado, algunas opciones nacionalistas –especialmente las independentistas vascas– que venían a incidir en estos años en que la falta de atención al pasado ponía en tela de juicio el carácter democrático del régimen político de la transición, habida cuenta de la supuestas permanencias en el nuevo régimen de instituciones y personas vinculadas con el pasado, especialmente en el ámbito de las Fuerzas de Seguridad del Estado. - 211 -
LA MEMORIA DE TODOS de protección económica y social de los exiliados, pedía la recuperación de la nacionalidad española para los “niños de la guerra”, así como reconocía la necesidad de recuperar la memoria del pasado dentro del espíritu de concordia de la Constitución de 1978 y de prestar apoyo institucional a las iniciativas de recuperación de cadáveres no identificados que lleven a cabo los familiares de las víctimas. Y todo ello se hacía en el convencimiento de que dicho reconocimiento moral y cívico no debía servir “para reavivar viejas heridas o remover el rescoldo de la confrontación civil”. En marzo de 2004 tenían lugar unas nuevas elecciones legislativas, que darían la victoria al PSOE y permitirían formar Gobierno al candidato José Luis Rodríguez Zapatero. Aun cuando en la campaña electoral la cuestión de la recuperación de la Memoria Histórica hizo acto de presencia, en el programa electoral del PSOE este tema no aparecía. Pese a todo, el nuevo Ejecutivo socialista impulsó, a los pocos meses de su formación, una iniciativa parlamentaria que unos años después, en 2007, se concretó en la conocida Ley de la Memoria Histórica (Ley 52/2007 de 26 de Diciembre). Hasta el momento de la aprobación definitiva de la Ley 52/2007, la legislatura se caracterizó por el interés que expresó buena parte del arco político y parlamentario español del momento por afrontar las tareas de rehabilitación política, moral y económica de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. La proposición no de ley aprobada en el Pleno del Congreso de los Diputados el 1 de junio de 2004, o la creación por Real Decreto (1891/2004) unos meses más tarde, en septiembre de 2004, de la Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, presidida por la vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega, ponía de evidencia la presencia de esta cuestión en el debate público y ciudadano de estos años. La tramitación parlamentaria del proyecto de Ley de la Memoria Histórica, y el complejo proceso de negociaciones políticas que se generó en torno a ella, propició una escena pública en la que tanto agentes sociales como actores políticos se posicionaron explícitamente en torno a la cuestión de la recuperación de la Memoria Histórica. El Partido Popular volvía a esgrimir el argumento del uso partidista de lo que denominaban la “mal llamada” Memoria Histórica; la Conferencia Episcopal española entraba en el debate adoptando una clara posición de oposición al proyecto de Ley; por su parte, ERC e IU valoraba la propuesta de ley presentada en diciembre de 2006 como “frustrante”; las asociaciones de Memoria Histórica, grupos de intelectuales y jueces progresistas instaban en septiembre de 2007 al Gobierno a acelerar el proceso de aprobación de la Ley; etc… - 212 -
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