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LAS HERIDAS DEL PASADO SE CURAN CON MÁS VERDAD
A partir de la modificación de la Ley en 1942 y especialmente una vez
derogada en 1945, el número de expedientes sobreseídos fue muy elevado.
La modificación de la Ley contemplaba el sobreseimiento de quienes
no superaran las 25.000 pesetas en bienes e ingresos, de los simples
afiliados a los partidos o de aquellos cuyas condenas en los consejos de
guerra o el TERMC fueran inferiores a seis años. Esto supuso un parón
temporal y la disminución de la fiebre instructora de expedientes y sobre
todo el primer paso hacia los sobreseimientos de las causas abiertas que
serían masivos tras la derogación de la ley en 1945 y el establecimiento
de una Comisión Liquidadora a escala nacional. Los sobreseimientos de
los expedientes abiertos en Andalucía ascienden a más del 60 por cien
de los casos (en Madrid al 77 por ciento). A simple vista podía pensarse
que esta Jurisdicción de excepción fracasó como instrumento represivo.
Esto tal vez convenga matizarlo porque los sobreseimientos se produjeron
una vez que se habían dictado los castigos ejemplares contra las
personalidades emblemáticas del Frente Popular en Andalucía. Es más,
el sobreseimiento no eximía la sanción administrativa ya que los presidentes
de las Audiencias provinciales se encargaban de comunicarlos a
los gobernadores civiles, que solía imponer sanciones de inhabilitación.
En esos comunicados se recordaban los supuestos por los que habían sido
encausados para que no hubiera duda de su responsabilidad política. En
provincias como Almería existe el fichero de sanciones de inhabilitación
impuestas por el gobernador a quienes se les había sobreseído el expediente,
constituyendo el extenso listado un auténtico “fichero de rojos”
de la provincia. Por último, como ya se ha señalado, se ha de tener muy
presente que la sola apertura de los expedientes de responsabilidades políticas
constituía una acción represiva en sí misma.
En suma, podemos concluir que la Jurisdicción de Responsabilidades
Políticas constituyó un eficaz instrumento de control y escarmiento social
y que las penas económicas, incluso las de poca cuantía podían suponer un
duro castigo. Cuando la mayoría de la población andaluza luchaba por la
subsistencia, el miedo a una sanción económica se convirtió en un arma
muy eficaz. El régimen franquista se dotó con este tipo de represión de un
instrumento de castigo colectivo por su extensión, eficaz socialmente y
de larga duración que, más allá de la función económica, contribuyó a la
marginación y la exclusión social de los vencidos e incidió en las relaciones
personales y sociales de los años de la posguerra, especialmente en los pueblos
pequeños donde los represaliados y sus familias tuvieron que convivir
con los delatores.
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