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LAS HERIDAS DEL PASADO SE CURAN CON MÁS VERDAD
que fueron encarcelados y sometidos a todo tipo de tribunales 9 . Como
la tarea de la denuncia surgió mayoritariamente de los representantes
de las institucionales militares y civiles –estos últimos dirigentes a su
vez de FET de las JONS–, otras agrupaciones como la misma Falange,
los jueces locales, los propios Tribunales de Responsabilidades Políticas
y los particulares lo hicieron en menor medida durante la posguerra,
completando en cualquier caso el cuadro de la denuncia y la delación en
Andalucía.
Entre los 17 supuestos de responsabilidad por los que se podía incoar
expediente, la pertenencia como dirigente o afiliado a los partidos republicanos
de izquierda o partidos obreros ocupó en primer lugar en Andalucía.
Más del 35% de las denuncias se hicieron contra andaluces o andaluzas
por ejercer el derecho constitucional de pertenecer a partidos políticos de
izquierda, proscritos por la Ley franquista. Cuando se produjo la modificación
de la Ley en 1942 y desapareció el supuesto de ser meramente afiliado
disminuyó, entre otras causas, el número de incoaciones.
El segundo lugar de las denuncias lo ocupan las condenas en Consejos
de guerra con un 32%; el tercero y el cuarto corresponden al hecho de
haber representado a los partidos del Frente Popular –un 14%– y haber
desempeñado cargos gubernativos –5%–, especialmente de alcaldes y concejales
en los ayuntamientos. No quedó prácticamente un alcalde, teniente
de alcalde o concejal de los ayuntamientos de 1936 que no fuera encausado
por responsabilidades civiles y políticas. Un 5% de las denuncias lo
fueron por haber contribuido económicamente con el Frente Popular o
ser directivo de empresas del Estado y otro 5% por haber sido candidato
o apoderado de los partidos frentepopulistas. El resto de las denuncias
corresponden a haber sido diputados del Frente Popular, ser miembros de
la masonería o incluso hubo alguna denuncia por permanecer en Gibraltar
más de dos meses después del 18 de julio de 1936.
La tramoya silenciosa de los tribunales
Una vez producidas las denuncias e incoado el expediente, el juez instructor
iniciaba toda la maquinaria represiva totalitaria en la que la delación
desempeñaba un papel importante. Se daba publicidad en los boletines
oficiales de las provincias haciendo saber que debían de prestar declaración
cuantos tuvieran conocimiento de la conducta y bienes del encausado, y se
recordaba que ni su fallecimiento, ni su ausencia, ni su incomparecencia
9
L. ÁLVAREZ REY y F. MARTINEZ LÓPEZ (Coords.), Los masones andaluces del siglo XX. Diccionario
biográfico. Sevilla, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2014.
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