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LA MEMORIA DE TODOS
abrió las puertas al inicio de un cambio en la estrategia político/electoral a
seguir en torno al uso y la instrumentalización de la memoria del pasado.
Las acusaciones del PSOE al PP -y más concretamente a José María Aznarde
promover la ruptura del pacto fundacional de la transición al abanderar
una “política de rencor” que socavaba el consenso constitucional, y las que
esgrimía el PP al acusar al PSOE de romper el pacto de no instrumentalización
del pasado con fines políticos y electorales, escenificó un cambio en el
tratamiento público de la memoria del pasado franquista que se hizo más
visible si cabe unos años después, primero en 1995, con motivo de cumplirse
veinte años de la muerte del dictador Francisco Franco y, después,
con el triunfo electoral del Partido Popular liderado por José María Aznar.
Como es conocido, los veinte años de la muerte de Francisco Franco
alentaron un crecimiento de la producción editorial en torno al significado
y legado de la figura del dictador donde toma cuerpo una corriente
revisionista sobre el pasado franquista, representada en autores como Pío
Moa y auspiciada y vinculada a determinados grupos mediáticos de interés
y opinión, que aboga por una dulcificación del significado de la dictadura
y por la exaltación de sus fines y sus supuestos logros. La victoria electoral
de PP en las legislativas de 1996 no hizo sino reforzar una línea editorial
de corte revisionista que había que entender y ubicar en el nuevo escenario
político y en el uso público que se haría en el mismo de la memoria del
pasado más reciente.
Como demostraría fehacientemente años más tarde, José María Aznar
se convirtió de facto en el guardián del legado franquista, rechazando
en múltiples ocasiones cualquier iniciativa político-parlamentaria que
persiguiera la condena pública del golpe militar de 1936 y/o del régimen
franquista. Esta actitud fue ya visible en la primera legislatura de gobierno
del PP. Lo fue todavía más en la segunda (2000-2004), cuando obtuvo en
las urnas la mayoría absoluta. Insistiendo en su tesis de que el tema de la
Guerra Civil era una cuestión ya superada, el gobierno y la mayoría parlamentaria
del Partido Popular rechazaron nada menos que 25 iniciativas
parlamentarias orientadas a la recuperación de la Memoria Histórica al
considerar que las mismas implicaban siempre una condena expresa de los
crímenes del franquismo. Este rechazo se justificó sistemáticamente por
el PP recurriendo a lo que algunos han denominado la “memoria redundante”,
que pivotaba sobre dos ejes argumentales básicos: de una parte, se
rechazaba la conveniencia o necesidad de las apelaciones al pasado, proclamando
la bondad intrínseca del modelo de transición ejemplificado en
el pacto constitucional de 1978 y reclamando el legado y la herencia de la
imagen centrista de UCD; de otra parte, se insistía en una versión edulco-
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