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LAS HERIDAS DEL PASADO SE CURAN CON MÁS VERDAD
5. Por otra parte, la Jurisdicción de Orden Público dio poco o nulo
valor a las pruebas practicadas durante la vista oral, por cuanto
esta era, ciertamente, la fase fundamental del procedimiento, con
evidente menoscabo de los derechos de los imputados
6. El TOP solía ordenar el ingreso en prisión de cualquier sentenciado
que interponía recurso de casación ante la Sala Segunda del
Tribunal Supremo, situación que se agravaba más si se considera
que durante ese tiempo la condena no podía redimirse al no ser
aún firme, siendo esta una más de las discriminaciones con respecto
de la jurisdicción penal ordinaria.
7. Finalmente, hay que mencionar que muchas de las sentencias
dictadas por el TOP, sobre todo en delitos de asociación ilícita
y propaganda ilegal, ordenaban la inutilización y destrucción de
las piezas intervenidas en los registros practicados por la BPS por
entender que los contenidos eran muy peligrosos para la comunidad
social. De esta manera el franquismo, como cualquier otro
régimen totalitario surgido en el período de entreguerras, terminaba
destruyendo las “pruebas de disidencia política”.
Y es que para comprender la actividad del TOP como instancia jurídica
represiva del franquismo es necesario que tengamos en cuenta, por
una parte, las actuaciones de los funcionarios policiales pertenecientes a
la Brigada Político-Social, de tan infausta memoria para tantos y tantos
combatientes antifranquistas, que operaba en funciones de policía judicial
a través de los atestados y, por otra parte, la actividad instructora que realizaban
los juzgados de orden público mediante la instrucción de los correspondientes
sumarios. De la rigurosidad e implacabilidad de las actuaciones
de la Brigada Político-Social en el levantamiento de los atestados, así de
los procedimientos, con frecuencia irregulares y no exentos de violencia
como señalábamos con anterioridad, empleados en el logro de las correspondientes
declaraciones, puede ser muestra lo recogido en la exposición
de la norma reguladora que rige su funcionamiento (Ley de 8 de marzo de
1941), en la que se señala que “la victoria de las armas españolas al instaurar
un régimen que quiera evitar los errores y defectos de la vieja organización liberal
y democrática, exige de los organismos encargados de la defensa del Estado
una mayor eficacia y amplitud, así como aquellas modalidades que impone la
necesidad de una vigilancia rigurosa y tensa de todos sus enemigos”.
La jurisdicción de Orden Público dejó un importante impacto en Andalucía
y entre los andaluces. En el análisis de sus efectos, hemos de tener
en cuenta los surtidos in situ, es decir los que se imputaron por “delitos”
que se pudieron cometer en cada una de las provincias andaluzas y, por
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