"<strong>La</strong> Función Pública <strong>Nacional</strong> y <strong>la</strong> Integración Regional" Desde el punto de vista del control interno y de <strong>la</strong> agilización de los procedimientos, nos encontramos con una serie de obligaciones anexas que son esenciales en el sector público: Transparencia de <strong>la</strong>s acciones desarrol<strong>la</strong>das y limitación de <strong>la</strong> arbitrariedad. Un empresario debe rendir cuentas a un número más limitado de sujetos, si se equivoca no lo hace respecto de los recursos públicos. Ecuanimidad con que se desarrol<strong>la</strong> <strong>la</strong> gestión pública, evitando favoritismos políticos o de otra índole, asegurando una cierta continuidad y coherencia de criterios al interior de <strong>la</strong>s instituciones públicas. Resguardo del interés general y responsabilidad política, asegurando que cada decisión obedezca al bien común y a criterios de justicia, y dé cuenta de los intereses más permanentes de <strong>la</strong> comunidad. Disciplina fiscal, que requiere efectuar un control responsable de <strong>la</strong>s finanzas públicas, principal instrumento de <strong>la</strong> política macroeconómica de que dispone el Gobierno. Cada uno de los cambios que emprendemos debe tener en cuenta estos imperativos, y responder a ellos. <strong>La</strong> forma tradicional de generar los cambios en el sector público ha sido el de <strong>la</strong> reforma administrativa. Cuando los procedimientos y <strong>la</strong>s normas se han estimado inadecuados para <strong>la</strong>s necesidades de <strong>la</strong> administración, <strong>la</strong> respuesta lógica ha parecido siempre reemp<strong>la</strong>zarlos por otros. Resultado de ello ha sido el desarrollo de instrumentos para <strong>la</strong> protección de los derechos ciudadanos, <strong>la</strong> reg<strong>la</strong>mentación de los procesos administrativos para erradicar <strong>la</strong> discrecionalidad, <strong>la</strong> estructuración y reestructuración de <strong>la</strong> carrera funcionaria, <strong>la</strong> simplificación de procedimientos, <strong>la</strong>s redefiniciones de cargos, <strong>la</strong>s reestructuraciones orgánicas y <strong>la</strong>s actualizaciones de <strong>la</strong>s p<strong>la</strong>ntil<strong>la</strong>s de personal. El camino de <strong>la</strong> reforma administrativa ha sido recorrido en innumerables oportunidades por los Estados <strong>la</strong>tinoamericanos, concluyendo casi siempre en reformas parciales, incompletas, distorsionadas por el sistema político, los intereses corporativos o los vicios de <strong>la</strong> propia administración. Esto hace que en Chile, tanto como en los demás países de <strong>la</strong> región, el Estado se desenvuelva en una realidad preburocrática, donde los problemas de <strong>la</strong> concepción Weberiana de <strong>la</strong> organización se han percibido mucho antes que sus beneficios y donde <strong>la</strong> discrecionalidad y <strong>la</strong> administración informal permiten resolver muchas de <strong>la</strong>s demandas y problemas cotidianos que enfrentan <strong>la</strong>s instituciones públicas. Este es un contexto, por lo tanto, en que los modelos finalistas y <strong>la</strong>s reformas integrales --sean éstas de sello liberal o administrativista-- tienen poco que aportar. Para pasar de un estadio preburocrático a uno postburocrático los Estados <strong>la</strong>tinoamericanos no deben tener que recorrer previamente el <strong>la</strong>rgo camino de <strong>la</strong> construcción del modelo burocrático, sino estructurar gradualmente una nueva cultura organizacional que recoja los valores, objetivos y principios del servicio público para un mundo más exigente, heterogéneo y cambiante. <strong>La</strong> construcción de esta cultura organizacional, sin embargo, no es indiferente a los procesos que conducen a el<strong>la</strong>. Lo interesante del proceso de modernización de <strong>la</strong> gestión pública en Chile no es <strong>la</strong> existencia de un modelo finalista, sino su carácter de proceso en que <strong>la</strong>s prioridades, técnicas e instrumentos han ido encadenándose en el tiempo. Más que un enfoque burocrático, eficientista o contractualista, lo que se aprecia en Chile es una visión que evoluciona desde <strong>la</strong> economía al management, de allí a lo político-institucional, punto desde el que se llega a <strong>la</strong> Reforma Administrativa. El resultado no es indiferente a <strong>la</strong> trayectoria. Es distinto p<strong>la</strong>ntear bonificaciones por desempeño como incentivo que como reconocimiento al funcionario. Es distinto responder a <strong>la</strong> necesidad de gerentes idóneos a través de <strong>la</strong> "particu<strong>la</strong>r confianza" que a través de procedimientos transparentes de concurso. Es distinto p<strong>la</strong>ntear metas de desempeño como promedios que como mínimos garantizados. En <strong>la</strong> experiencia internacional no existen los modelos puros y escasas experiencias en <strong>la</strong>s que una elite iluminada tenía resueltas todas <strong>la</strong>s preguntas de antemano. Sin embargo, ronda el peligro del mercado de <strong>la</strong>s reformas. Tendencia de gobiernos <strong>la</strong>tinoamericanos a comprar recetas ajenas a su realidad. 102
"<strong>La</strong> Función Pública <strong>Nacional</strong> y <strong>la</strong> Integración Regional" En el caso particu<strong>la</strong>r de <strong>la</strong> gestión pública esto es especialmente grave por <strong>la</strong> predominancia de realidades preburocráticas. Lo que se puede exigir a <strong>la</strong>s elites políticas y tecnoburocráticas es tener c<strong>la</strong>ro por donde partir e ir ade<strong>la</strong>ntándose a <strong>la</strong> realidad. NOTAS 1. IMD World Competitiveness Yearbook 1996, realizado por <strong>la</strong> Universidad de <strong>La</strong>ussanne, Suiza. 103