"La Función Pública Nacional y la Integración Regional" - CEFIR

"La Función Pública Nacional y la Integración Regional"
12 del capítulo 2 "Desarrollo del principio de cooperación", se refiere expresamente, entre otros aspectos, a
la necesidad de fomentar y construir progresivamente una cultura común que se exprese en la práctica de
someter a la Conferencia y resolver, mediante acuerdos, los diferentes aspectos que ha planteado y plantee
en el futuro la participación de las Comunidades Autónomas en las fases ascendente y descendente del
proceso comunitario europeo" (Casals, 1994:153-154). Esto parece apuntar al posible cumplimiento del
nivel 4/5 en la escala de coordinación presentada en el apartado II de este artículo.
"La Conferencia está presidida por el Ministro para las Administraciones Públicas. Integran, asimismo, la
representación de la administración del Estado, el Secretario de Estado para las Comunidades Europeas y
el Secretario de Estado para las Administraciones Territoriales. Las Comunidades Autónomas estarán
representadas por el consejero que designe el presidente de cada comunidad autónoma". "Como órgano de
apoyo de la Conferencia se crea la Comisión de Coordinadores de Asuntos Comunitarios Europeos, que
está encargada de preparar los trabajos de la Conferencia y de realizar aquellas tareas que la misma le
encargue. La Comisión está compuesta, en representación de la administración del Estado, por un director
general de la SECE y otro de la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales, y en
representación de las administraciones autónomicas, por un director general u otro cargo que designe el
respectivo consejero miembro de la Conferencia" (Dastis, 1995:334-335).
"La posición común alcanzada en la concertación con la Administración del Estado no resulta vinculante
para ésta sin su consentimiento salvo cuando se trate de un asunto de competencia exclusiva de las
Comunidades Autónomas, en cuyo caso, se debe tener en cuenta de forma determinante. No obstante, la
posición inicial negociadora concertada en función de este procedimiento no es definitiva, dado que el
Gobierno del Estado, único representante del Estado en los órganos comunitarios, puede apartarse de ella
cuando las exigencias de la negociación europea, en la que no están presentes las CCAA, así lo impongan"
(Resolución de 10 de marzo, Secretaría Estado Administraciones Territoriales, BOE 22 de marzo 1995,
citado en Casals:155). Formalmente no existe una dependencia jerárquica de las conferencias sectoriales
respecto de la Conferencia de Asuntos Europeos. Los acuerdos de esta Conferencia tienen un carácter de
primacía sobre los que puedan adoptar las conferencias sectoriales y otras parecidas de representación de
las CCAA. La mayoría de éstas han tenido hasta el momento un funcionamiento escaso y muy parcial.
Incluso, alguna no está constituida o son de reciente creación. Casals concluye que "la aplicación del
acuerdo en una primera fase será experimental y parcial (no se aplicará a todos los órganos) y, por tanto,
tampoco a todas las materias en las que internamente son competentes las Comunidades Autónomas"
(Casals, 1994:157).
"... el sistema de distribución de competencias no se respeta..." a través de una participación autonómica
consultiva en el marco de un proceso decisional ajeno que pertenece exclusivamente a las instancias
centrales del estado. La participación autonómica supone así, como máximo, un trámite de audiencia de las
CCAA y la decisión, en cuanto a la formación y planificación de la voluntad del Estado, corresponde
exclusivamente al poder central, que define unilateralmente lo que constituye el interés general del estado a
los efectos de vincularse o no a la postura de las CCAA". "Las Conferencias Sectoriales son simples
plataformas de encuentro entre las CCAA y el Estado cuya existencia y actuación no puede en absoluto
menoscabar el completo ejercicio de sus respectivas competencias y a las que se asigna una función
deliberante y consultiva en materias de común interés, sin que sus acuerdos y resoluciones puedan ser en
ningún caso vinculantes para las partes" (Zabala, 1993:203 a 205).
Según Casals "no existe... ningún sistema institucionalizado de participación. Las Comunidades Autónomas
no reciben información sistemática y completa de los expedientes y propuestas de normativa comunitaria
que afectan a sus competencias; ni son consultadas, a nivel interno, antes de que sea fijada la posición
negociadora de partida del Estado español en estas materias; ni es admitida su presencia en los comités y
grupos de trabajo del Consejo y de la Comisión que preparan estas decisiones. En consecuencia, no existe
ninguna participación ascendente ordenada de las Comunidades Autónomas en las materias en las que
internamente son competentes" (Casals, 1994:158).
La mayoría de las Comunidades Autónomas disponen de oficinas de representación que les permite ejercer
una función de lobby y hasta cierto punto de representación, semi-oficial, ante la Comisión Europea. Según
sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de mayo de 1994, se admite la posibilidad de contactos directos
entre las autoridades autonómicas y las comunitarias" (Casals, 1994:160).
Queda pendiente de desarrollo tanto la capacidad de coordinación interna de cada Comunidad Autónoma
como la capacidad de "actuación mancomunada" (consenso previo conjunto), que generalmente se exige a
las CCAA en el acuerdo de 1994 para su participación en la fase ascendente (Enoch Albertí Rovira,
1994:596).
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