"La Función Pública Nacional y la Integración Regional" - CEFIR

"La Función Pública Nacional y la Integración Regional"
gran proyecto político con el objetivo de cambiar las pautas de relación entre el Estado y la sociedad. El
objetivo no es disminuir el papel del Estado, ni tampoco apuntalar sus conquistas, sino más bien redefinir
sus misiones y reforzar sus capacidades para que pueda cumplir satisfactoriamente un papel que se juzga
irremplazable para el progreso y al bienestar de los ciudadanos.
Los objetivos de la reforma se articulan a partir de reconocer un profundo desajuste entre la concepción de
Estado a la francesa, su modo de organizarse y responder a las demandas sociales y los requerimientos de
una realidad en profunda mutación. La respuesta es promover un cambio ideológico en la mentalidad con la
que operan los poderes públicos, mediante la descentralización y la desconcentración, una gestión más
dinámica de las personas, el estímulo a la asunción de responsabilidades en la línea, la evaluación de las
políticas públicas y nueva idea de las relaciones entre la Administración y los usuarios de los servicios
públicos (ver a este respecto la Circular de 23 de febrero de 1989 referida a la renovación del sector
público).
En el caso de España la situación de partida es muy diferente. La trayectoria del Estado contemporáneo se
caracteriza por una combinación de autoritarismo y debilidad estructural. La ausencia de libertades
democráticas se combina con una centralización obsesiva del aparato estatal y una hacienda raquítica
incapaz de atender las necesidades de la población. Esto ha provocado que el Estado careciera del grado
de legitimación social y política que disfrutaba en los restantes países europeos. Esto explica que el
proyecto modernizador de la democracia española pase por el fortalecimiento de las instituciones estatales,
de modo que puedan desempeñar con eficacia las funciones que les corresponden en una sociedad
moderna. Dos retos básicos han caracterizado este proyecto en los últimos quince años: la
descentralización del poder político y la construcción de un Estado del bienestar equiparable al de los
restantes países europeos.
Como consecuencia de ello, la reforma que ha seguido a la transición democrática en España se
caracteriza por su carácter expansivo, centrándose en desarrollar sus instituciones y aumentar la oferta de
servicios públicos a la población. En este tiempo se ha duplicado el volumen del sector público en relación
al producto interior bruto que ha pasado de representar la mitad de la media europea a situarse muy cerca
de la misma. Este proceso, protagonizado por el partido socialista, ha contado, no obstante, con el respaldo
de las demás fuerzas políticas, que, allí donde han ejercido responsabilidades gubernamentales, han
apostado por incrementar el peso de la acción pública. A ello habría que apostillar, no obstante, las rémoras
de la democracia española a la hora de construir un marco eficaz para el ejercicio y control de las
responsabilidades públicas, adaptado a su extraordinario crecimiento; ha prevalecido un peso
desproporcionado del decisionismo político frente a los criterios profesionales y una obediencia a lógicas
clientelares y corporativas opuestas a la introducción de reformas en el aparato estatal. La crisis política y
presupuestaria que ha padecido España en los últimos años se puede relacionar directamente con estos
déficit.
2.2.4 Reformas pragmáticas
En los últimos años, la mayoría de los países europeos aparecen unidos en una misma corriente de
reformas que, en ausencia de una denominación más expresiva, calificamos de pragmáticas. El horizonte
que persiguen es la Unión Económica y Monetaria, cuyo acceso se ha hecho depender de superar con éxito
un examen macroeconómico basado en cumplir determinados criterios de convergencia.
Se trata de reformas que se presentan a menudo como "la única alternativa posible", atribuidas a una "razón
de Europa", a la que deben plegarse el resto de las consideraciones. Detrás de las medidas vinculadas a
esta meta es frecuente que no haya un discurso político explícito sobre el papel del Estado, sólo una
justificación de la necesidad de cumplir las condiciones del tratado para no pagar el alto coste financiero que
supondría salirse de la red monetaria europea. La ideología subyacente no es obra ni de los partidos ni de
sus líderes, sino de las burocracias fiscales de los Estados y las instituciones europeas. La reforma
irlandesa de mediados de los ochenta, anticipando los problemas que más tarde se presentarán en otros
países, es un buen ejemplo; al menos Alemania, Francia, Italia y España se encuentran en estos momentos
en la misma situación.
El resultado es una estrategia de reforma de carácter esencialmente pragmático que renuncia a una
valoración política de fondo sobre lo que el Estado debería hacer y dejar de hacer, sobre la financiación de
los servicios públicos o sobre los costes y beneficios del modelo de empleo público y sus alternativas. Hay
un cálculo sobre cómo realizar los ajustes presupuestarios con el menor desgaste político posible, lo que
equivale a practicar la ambigüedad y evitar conflictos con los intereses más organizados. Cualquier desliz
en este cálculo que minusvalore la capacidad de presión de los colectivos afectados puede costar la
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