Caliban y la bruja

128 Calibán y la bruja
primer paso en la construcción del Estado como garante de la relación
entre clases y como el principal supervisor de la reproducción y el disciplinamiento
de la fuerza de trabajo.
Pueden encontrarse antecedentes de esta función en el siglo XIV,
cuando frente a la generalización de las luchas anti-feudales, el Estado
surgió como la única agencia capaz de enfrentarse a una clase trabajadora
unificada regionalmente, armada y que ya no limitaba sus demandas
a la economía política del feudo. En 1351, con la aprobación del
Estatuto de los Trabajadores en Inglaterra, que fijó el salario máximo,
el Estado se había hecho cargo formalmente de la regulación y la
represión del trabajo, que los señores locales ya no eran capaces de
garantizar. Pero fue con la introducción de la asistencia pública como
el Estado comenzó a atribuirse la «propiedad» de la mano de obra, al
tiempo que se instituía una «división del trabajo» capitalista entre la clase
dominante, que permitía a los empleadores renunciar a cualquier responsabilidad
en la reproducción de los trabajadores, con la certeza de que
el Estado intervendría, ya fuera con la zanahoria o con el garrote, para
encarar las inevitables crisis. Con esta innovación, se produjo también un
salto en la administración de la reproducción social, con la introducción
de registros demográficos (organización de censos, registro de las tasas de
mortalidad, natalidad, matrimonios) y la aplicación de la contabilidad a
las relaciones sociales. Un caso ejemplar es el de los administradores del
Bureau des Pauvres en Lyon (Francia), que al finales del siglo XVI habían
aprendido a calcular la cantidad de pobres y la cantidad de comida que
necesitaba cada niño o adulto y a llevar la cuenta de los difuntos, para
asegurarse de que nadie pudiera reclamar asistencia en el nombre de una
persona muerta (Zemon Davis, 1968: 244-46).
Además de esta nueva «ciencia social», se desarrolló también un
debate internacional sobre la administración de la asistencia pública
que anticipaba el actual debate sobre las prestaciones sociales. ¿Debía
asistirse solamente a los incapacitados para trabajar, señalados como los
«pobres que merecen», o también debían recibir ayuda los trabajadores
«sanos» que no podían encontrar trabajo? ¿Y cuánto o cuán poco se les
debía dar para no desalentarlos en la búsqueda de trabajo? En la medida
en que un objetivo fundamental de la ayuda pública fue anclar a
los trabajadores a sus empleos, estas preguntas fueron cruciales desde el
punto de vista de la disciplina social. Pero en estos asuntos rara vez se
podía alcanzar consenso.