CODIGO DE COMERCIO - Bufete Ramos Messina

La oposición será motivada y deberá notificarse a los síndicos y al quebrado,
dentro de los ocho días después del concordato, a pena de nulidad; y contendrá
citación para la primera audiencia del tribunal de comercio.
Cuando no se hubiere nombrado sino un solo síndico, y éste fuere opositor al
concordato, deberá solicitar el nombramiento de uno que lo reemplace, y cerca del
cual estará obligado a llenar las formas prescritas en el presente artículo.
Si el juicio sobre la oposición estuviere subordinado a la solución de cuestiones
extrañas que, en razón de la materia, no sean de la competencia del tribunal de
comercio, este tribunal se abstendrá de dar sentencia hasta después de la
decisión de tales cuestiones; pero fijará un término breve, dentro del cual el
acreedor opositor deberá acudir a los jueces competentes y justificar sus
diligencias.
Art. 513. - La homologación del concordato se proseguirá ante el tribunal de
comercio, a requerimiento de la parte más diligente; el tribunal no podrá estatuir
antes de la expiración del plazo de ocho días, fijado por el artículo precedente.
Si durante ese plazo se formaren oposiciones, el tribunal estatuirá sobre ellas y
sobre la homologación por una sola sentencia.
Si la oposición se admite, la anulación del Concordato será pronunciada con
relación a todos los interesados.
Art. 514. - En todos los casos, antes que se estatuya sobre la homologación, el
juez comisario dará al tribunal de comercio un informe sobre los caracteres de la
quiebra y sobre la admisibilidad del concordato.
Art. 515. - En el caso de inobservancia de las reglas anteriormente prescritas, o
cuando haya motivos deducidos, sea del interés público, sea del interés de los
acreedores, que parezcan razonables y suficientes para impedir el concordato, el
tribunal rehusará la homologación.
PÁRRAFO 2o.
De los efectos del concordato
Art. 516. - La homologación del concordato lo hace obligatorio para todos los
acreedores que figuren o no en el balance, verificados o no verificados, y aún para
los acreedores domiciliados fuera del territorio de la República, así como para
aquellos que en virtud de los arts. 499 y 500 hubieren sido admitidos
provisionalmente a deliberar, cualquiera que sea la cantidad que la sentencia
definitiva les atribuyera ulteriormente.