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Centro salmonero (© R. Alvarez).<br />
propiedad de recursos públicos y generando una enorme concentración<br />
de ingresos en unos pocos conglomerados, incorporando<br />
marginalmente los aspectos sociales y ambientales. (…) Esta particular<br />
forma de organización territorial para la producción, muestra<br />
una trayectoria cada vez más expansiva, la que ha generando un<br />
aumento en las tensiones respecto de sus entornos naturales y<br />
sociales directos. A esto se suman las importantes debilidades institucionales<br />
y regulatorias en materia laboral y ambiental que padece<br />
nuestro país. Además, la necesidad de competir en el proceso<br />
de globalización ha hecho que las empresas traspasen los costos<br />
de este proceso a los sectores más vulnerables, dentro de los que<br />
se cuentan los trabajadores/as, que pasan a convertirse en ‘mano<br />
de obra barata’ y por cierto, a las comunidades locales que perciben<br />
las externalidades negativas de las industrias a través de los<br />
impactos ambientales -donde se cuenta la contaminación de las<br />
aguas y los cambios en el paisaje, entre otros- y de los cambios o<br />
implicancias sociales.” (Pinto 2007).<br />
Además, debe agregarse la<br />
enorme desigualdad que entraña<br />
dicho negocio con respecto<br />
a las ganancias que percibe. El<br />
pago de concesiones acuícolas<br />
constituye un ejemplo interesante.<br />
De hecho, se estima que<br />
para el año 2007, las ventas de<br />
la industria del salmón “ fueron<br />
superiores a los USD $2.200<br />
millones, mientras que el<br />
Estado recaudó la magra suma<br />
de USD 1.168.868. De aquí se<br />
deduce que el Estado percibió<br />
el equivalente al 0,053% de las<br />
ventas por concepto de pago<br />
de concesiones” (Liberona y<br />
Furci 2008).<br />
Es relevante considerar que el Estado ha generado amplias facilidades<br />
durante esta última década para la industria, a diferencia de<br />
la lentitud con que ha operado respecto de los pescadores artesanales.<br />
Muñoz (2004) plantea una desigualdad en la metodología<br />
para otorgar las concesiones variando de un par de años para la<br />
industria acuícola hasta los 17 años para los pescadores artesanales<br />
de acuerdo a lo declarado por sus dirigentes. El autor agrega<br />
que los altos costos constituyen una importante barrera de entrada<br />
para los pescadores artesanales. Finalmente el autor expone que<br />
la repartición de la pesca pelágica se otorga a razón de 95% para<br />
la pesca industrial y sólo el 5% para el sector artesanal.<br />
El efecto de la industria acuícola sobre el entorno marino se refleja<br />
principalmente en dos categorías. Por un lado, la acumulación de<br />
materia orgánica (alimento, fecas) y productos químicos (antibióticos<br />
y medicamentos, desinfectantes, etc.) tanto en la columna de<br />
agua como en el fondo. Según explica Díaz y Muñoz (2006): “Este<br />
ingreso de nutrientes produce un desbalance en los procesos<br />
metabólicos de los ecosistemas afectados, lo que actualmente<br />
es asociado con pérdidas de biodiversidad y agotamiento del<br />
oxígeno (anoxia)”. Se constatan perturbaciones físicas, químicas y<br />
biológicas del sustrato bajo el cual se encuentran las instalaciones<br />
con un decrecimiento de la fauna previa de un 50%. El alimento<br />
usado para los salmones es altamente influyente en este problema:<br />
“considerando el alimento asociado a las 488 mil toneladas de<br />
salmónidos producidos en Chile durante el año 2003, Niklitschek<br />
et al. (2006) estimó una descarga anual de nutrientes a los siste-<br />
Vista aérea de balsas jaula para<br />
salmones en el mar interior de Chiloé<br />
(© A. Ruiz-Tagle 2007).<br />
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