I

as diferentes de Áreas Protegidas, lo que implica que los planes
de administración o manejo de dichas áreas, si corresponde, así
como cualquier otra actividad que se desarrolle en su interior debe
ser evaluada ambientalmente (Tabla 2). En tanto, existen otras 18
figuras que no se ajustan a la definición dada por el reglamento
ambiental, por lo que los planes de gestión y/o actividades que
se realicen en su interior, no tienen la obligatoriedad de ingresar al
sistema de evaluación ambiental.
El Informe Nacional de Chile (CPPS 2009) señala que: (…) En
conclusión, la legislación chilena vigente no cuenta con una definición
unitaria de Área Protegida. Por otro lado, la existencia de
numerosas figuras con similares objetivos administradas por igual
número de instituciones hace que sea necesaria una revisión y
ordenamiento del actual sistema de Áreas Protegidas, en particular
aquellas con énfasis en el medio costero-terrestre.
En el marco de la Convención para la Protección del Medio Marino
y la Zona Costera del Pacífico Sudeste y sus Acuerdos Complementarios,
en 1989 se suscribió el Protocolo para la Conservación
y Administración de las Áreas Marinas y Costeras del Pacífico
Sudeste, que fue ratificado por Chile en 1993, constituyéndose
en Ley de la República y por ende, en el soporte legal del
establecimiento de las Áreas Marinas y Costeras Protegidas en
nuestro país. Las tres primeras AMCP en Chile se han creado
en el marco de un proyecto GEF “Conservación de la Biodiversidad
de Importancia Global a lo Largo de la Costa de Chile” (isla
Grande de Atacama, Lafken Mapu Lahual y Francisco Coloane).
Las AMCP creadas en el marco del citado proyecto pretenden,
entre otros objetivos, desarrollar un modelo de gestión públicoprivado
que debe administrar en un espacio territorial, múltiples
usos vinculados al aprovechamiento de los recursos naturales, al
desarrollo de valores étnicos, la cultura, la investigación, y proveer
alternativas de desarrollo a las economías locales. En síntesis, son
una herramienta para la protección, administración, mantención o
restauración de los recursos naturales y culturales de los espacios
marinos y costeros, que busca asegurar, particularmente a las
comunidades locales, la disponibilidad de los recursos y servicios
ambientales a través del tiempo. La forma de administración de
estas áreas tiene componentes innovadores, como la participación
de organizaciones público-privadas, cuya creación debería estar
a cargo de los respectivos gobiernos regionales. En efecto, se
pretende que los gobiernos regionales asuman la tutela de sus territorios
y definan por sí mismos y de forma directa cómo conservar
su patrimonio natural.
Un análisis estricto muestra que el modelo efectivamente desarrollado
por Australia y en específico por la GBRMPA, como un servicio
especialmente diseñado para articular las medidas de manejo
adoptadas participativamente, constituye un ejemplo a potencialmente
seguir por Chile bajo la figura de Área Marina y Costera
Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU). De esta forma se podrá
desarrollar un símil de gestión público-privado que administre en
un espacio marítimo los múltiples usos que tiendan a la conservación
y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, al
desarrollo de valores étnicos, la cultura, la investigación, así como
potenciar alternativas de desarrollo a las economías locales.
Las AMCP-MU en su generalidad corresponderían a la Categoría
VI de la UICN (Boré 2007), también denominadas como Área Protegida
con Uso Sostenible de los Recursos Naturales, sin perjuicio
de contener Categorías de mayor protección en su interior. Estas
áreas Categoría VI, según Dudley (1998):
(…) conservan ecosistemas y hábitats, junto con los valores culturales
y los sistemas tradicionales de gestión de recursos naturales
asociados a ellos. Normalmente son extensas con una mayoría del
área en condiciones naturales, en las que una parte cuenta con
una gestión sostenible de los recursos naturales, y en las que se
considera que uno de los objetivos principales del área es el uso
no industrial y de bajo nivel de los recursos naturales, compatible
con la conservación de la naturaleza.
(…) son singulares dentro del sistema de categorías de la UICN,
ya que tienen el uso sostenible de los recursos naturales como
medio para conseguir la conservación de la naturaleza, junto y en
sinergia con otras acciones comunes a otras categorías como la
protección.
(…) pueden incluir la protección de rasgos naturales o culturales
concretos, incluyendo las especies y la diversidad genética,
entre sus objetivos, siempre que el uso sostenible de los recursos
naturales sea parte de sus objetivos, pero están más orientadas a
la protección de ecosistemas y procesos ecológicos y al manteni-
194 195