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Diversidad de ambientes generados
por los arrecifes de coral en la Gran
Barrera, Australia (© R. Hucke-
Gaete).
• Preservación con prohibición casi total de ingreso y de uso – que
representa menos del 1% de la superficie total del área protegida;
• Parque marino nacional, en las que no se permite el uso extractivo,
pero si los usos recreativos y el transporte – que ocupa un
33% del total;
• Investigación, como las de parque nacional pero sin posibilidad
de uso recreativo – que cubre menos del 1% del total;
• Amortiguación, que permiten uso extractivo regulado – 3% de la
superficie total;
• Conservación, en las que está permitido el uso extractivo pero
no indiscriminado;
• Protección de hábitat donde se permite el uso razonable pero se
excluye la pesca de arrastre – 28% del total; y
• Uso general donde son permitidas prácticamente todas las actividades,
pero sujetas a permisos específicos en ciertos casos.
Cada una de estas categorías comporta restricciones explícitas a
ser consideradas por los usuarios mediante la implementación de
un sistema de regulaciones, fiscalización, permisos y multas contenidos
en un plan regulatorio global y por sitio (Figura 1). Ciertas
áreas particularmente sensibles o importantes cuentan con un plan
de manejo propio. Dichos planes agregan mayor detalle y están
adecuados a las necesidades específicas del área cubierta. Al mismo
tiempo, otros reglamentos han sido establecidos para regular
ciertas actividades tales como anclajes, pesca, buceo, avistaje de
cetáceos, navegación, etc. También existen directivas para el uso
de un gran número de islas que quedan englobadas dentro del
área protegida y, aunque estrictamente hablando no forman parte
de la misma, son tomadas en conjunto (y con ciertas aguas bajo la
jurisdicción de Queensland) como sitio de Patrimonio Mundial de la
Humanidad.
Lograr estos resultados requirió de una fuerte voluntad pública, así
como la colaboración de numerosas agencias gubernamentales a
nivel nacional, regional y local tales como la Dirección de Parques
de Queensland, la Patrulla acuática de Queensland, la Policía Marina
de Queensland, los Guardacostas, Aduanas, la Policía Federal
Australiana y la Autoridad australiana de seguridad naval. También
participan agrupaciones civiles (incluyendo grupos aborígenes,
representantes de los propietarios de tierras adyacentes al borde
costero, empresarios y ONGs).
Entre dichas organizaciones, la coordinación reposa en la Autoridad
del Parque Marino de la Gran Barrera de Coral. La misma
cuenta con más de 250 empleados públicos trabajando a tiempo
completo, y para el período 2005-2006, un presupuesto regular
que superaba los 38 millones de dólares australianos (aproximadamente
17.500 millones de pesos chilenos de acuerdo al tipo
de cambio del año 2010). A ello se le deben sumar los recursos
considerables desplegados por las otras agencias relevantes que
se enumeran más arriba. Esta inversión garantiza la sustentabilidad
de las actividades que se desarrollan en esta área protegida y que
generan, por ejemplo, 5.000 millones de dólares australianos por
actividades turísticas, 140 millones por concepto de pesca y 150
millones por uso recreativo (incluyendo pesca deportiva). Se estima
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