I

La baja convocatoria durante las jornadas de participación da
cuenta de que existen otros intereses más inmediatos por parte
de la comunidad en general para participar de instancias de este
tipo referidas a asuntos de ordenamiento y planificación territorial.
De esta manera se dificulta que determinados intereses, comentarios
y/o opiniones de algunas organizaciones o poblaciones que
existen en el territorio sean consideradas durante el desarrollo de
la propuesta. Esta situación no es ajena a lo que ha ocurrido en
múltiples experiencias de conservación, tal como se refleja en la
experiencia australiana en el cual la participación decidida, responsable
y dedicada del gobierno, durante el proceso de desarrollo
del plan de zonificación, fue un aspecto fundamental para alcanzar
los objetivos planteados.
El plan fue entonces, el resultado de una “coalición de consenso”
liderada por el gobierno, el cual, al final del periodo formal de consulta
ciudadana, había desarrollado 600 reuniones en 90 localidades
con la participación de miles de personas, había repartido
90.000 informativos de consulta, recibido 73.000 visitas al sitio
web destinado para esos propósitos, respondido 6.000 consultas
telefónicas y generado más de 2.000 piezas mediáticas a la
través de la televisión, radio y prensa, entre otros (GBRMPA 2005).
Es importante también notar que hubo un extenso período de
escasa participación ciudadana y aparente apatía durante los años
iniciales del establecimiento del parque. Esto cambió radicalmente
al momento de dar curso al Programa de Áreas Representativas
(RAP) en 2003, en donde se proponía incrementar en número y
tamaño las áreas de no-extracción (de 4.5% a 25% del área total
del parque). Lo anterior evidencia claramente que la participación
deseada ocurre una vez que hay una disposición clara y resuelta
de parte del Gobierno por lograr los objetivos de conservación
propuestos.
La extensión de la zona Chiloé, Palena y Las Guaitecas planteó
la necesidad de recurrir a distintos instrumentos de levantamiento
de información primaria. El diseño y aplicación de una encuesta
semi-estructurada permitió conocer la opinión de los habitantes del
territorio, y generar a partir de sus resultados antecedentes acerca
de la conservación de los recursos y el borde costero, las figuras
de conservación ligadas a estos espacios, las principales causas
de su deterioro, los usos que deben regularse, mantenerse o excluirse
en una figura de conservación, los actores presentes en el
territorio y la importancia de su participación en un Plan de Gestión
y Administración, entre otros. Además se obtuvieron resultados sobre
la delimitación de una o más zonas importantes de resguardar
bajo una figura de protección.
Es así como frente a los múltiples usos de los espacio marino
costeros y al deterioro a lo largo del tiempo de sus recursos y especies,
la necesidad de regularlos es la alternativa más recurrente.
Vinculado con lo anterior se reconocen una serie de usos existentes
en la zona que deberían mantenerse o excluirse en pos de la
conservación del área. Dentro de los primeros llama la atención
la importancia de los oficios tradicionales para la mayoría de los
encuestados. Lo anterior ayuda a potenciar lo propuesto a lo largo
de este estudio respecto a la importancia de los recursos costeros
para las poblaciones locales, en su mayoría familias campesinas
costeras, tanto indígenas como no indígenas, que ejercen usos
tradicionales, consuetudinarios. Los recursos y el borde costero
se transforman entonces en un importante patrimonio para estas
familias, y los problemas que los afecten impactan perjudicialmente
su calidad de vida. Por otro lado la industria de salmones es una
de las más citadas al momento de evaluar su posible funcionamiento
al interior de una figura de protección. Esto se relaciona
directamente las implicancias sociales, ambientales, políticas y
económicas que el actual funcionamiento de la industria ha tenido
en el área de estudio. Cobra sentido entonces que una figura de
protección marina podría fomentar una producción sustentable y
conjuntos de buenas prácticas vinculadas a las actividades económicas
desarrolladas en la zona, entre ellas la acuicultura, pesca
artesanal, transporte marítimo y el turismo.
En otro ámbito, la necesidad de incorporar a autoridades comunales
y regionales se hace evidente como demanda de los actores
locales. La relación que se establece con instancias institucionales
da seguridad y respaldo a los participantes respecto al logro de
resultados efectivos al final de este proceso. El grado de compromiso
entre las múltiples partes tendientes a generar una propuesta
de conservación conjunta, facilitaría el posterior desarrollo de actividades
enmarcadas en los objetivos del presente estudio. Es así
como durante este proceso de socialización y levantamiento de información
a nivel territorial se consideró la realización de reuniones
de trabajo con distintos organismos gubernamentales y/o oficinas
municipales ligadas a la planificación territorial y desarrollo de las
306 307